Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, firmó este viernes con los representantes de los agentes sociales y económicos un documento que incluye distintos acuerdos para destinar los 93,8 millones de euros derivados de la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera en 2015, así como los 36 millones en cada uno de los ejercicios 2016 y 2017, a mejorar las políticas sociales. El acuerdo concreta el destino de los 20 millones de euros ya disponibles en los Presupuestos, y compromete otros 20 millones a mejoras en la atención a la Dependencia y Renta Garantizada de Ciudadanía.
Los 20 millones ya disponibles en las Cuentas Regionales se destinarán a mejorar atención a la Dependencia -5 millones de euros-, flexibilizar la renta garantizada de ciudadanía -3,5 millones de euros-, acciones de equidad en el Sistema Educativo con becas para universitarios y ampliación de las ayudas de comedor y del programa de conciliación Madrugadores -1,5 millones de euros-, ayudas al alquiler de vivienda -5 millones de euros-, y actuaciones de mejora en el sector forestal -5 millones de euros-. Además, el acuerdo compromete otros 20 millones, de los 73,8 restantes, a la atención a la dependencia y la renta garantizada de ciudadanía.
Flexibilidad
El acuerdo abre la posibilidad de compatibilizar la prestación de cuidados en el entorno familiar con otras de servicios profesionales. Una mejora sustancial que beneficiará a unas 37.000 personas dependientes y que supone ofrecerles un nivel de protección superior al establecido antes de la crisis, y que a la vez seguirá fortaleciendo el empleo en el sector, ya que se calcula que 8.000 nuevos profesionales se vincularán al sistema a lo largo del año.
Castilla y León es la región que más población dependiente atiende -el 2,5 % frente al 1,5 % nacional-, la que menos hace esperar por la atención -99 % de los que tienen derecho ya están atendidos- y la que genera más empleo -16.600 puestos de trabajo, 4.500 más que al iniciarse la Legislatura-.
Ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía
La dotación comprometida en el acuerdo permitirá también una nueva flexibilización de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que amplía su acción protectora a aquellas personas y familias que, cumpliendo el resto de los requisitos, están percibiendo el subsidio parcial por desempleo, haciendo compatibles ambas prestaciones hasta el importe máximo de la Renta. Es una modificación que las Cortes de Castilla y León han tramitado y que tiene 7.000 beneficiarios potenciales.
La puesta en marcha de la Red de Protección a las Familias, para dar respuesta de forma urgente, coordinada, integral e individualizada a las personas más castigadas por la crisis, ha permitido atender las necesidades básicas de 47.000 personas a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, facilitar ayudas de emergencia a 29.000 castellanos y leoneses, y lograr que más de 3.250 familias de la Comunidad tuvieran ayuda profesional para impedir el desahucio de su vivienda. Este modelo de protección social es respaldado por múltiples organismos y los indicadores colocan a Castilla y León como una de las comunidades con el mejor desarrollo de los Servicios Sociales.
Equidad
Se destinarán también fondos a avanzar en la equidad en el sistema educativo. Será a través de la mejora del programa Madrugadores, que reducirá sustancialmente el precio público para todos los usuarios y aumentará las bonificaciones a las familias monoparentales. Igualmente, se mejorará el régimen de ayudas de comedor escolar, elevando el umbral de renta de los perceptores de la ayuda, con lo que se podrá pasar de los 20.000 a los 25.000 beneficiarios. Además, también en el ámbito de la educación se mejorará el programa propio de becas de la Junta.
En cuarto lugar, otros 5 millones de euros irán destinados a ayudas al alquiler de viviendas. El acuerdo compromete la publicación inmediata de una convocatoria extraordinaria para personas y familias con ingresos inferiores al IPREM, que tendrá aproximadamente unos 10.000 beneficiarios. Además, se adquiere el compromiso de desarrollar, en la próxima Legislatura, un parque público de vivienda en alquiler como servicio público de interés general, que dará prioridad a las personas más frágiles como son los perceptores de Renta de Ciudadanía o quienes hayan sufrido lanzamientos y ejecuciones hipotecarias.
Sector Forestal
Por último, se establece un Pacto para el impulso del sector forestal, que tiene como punto de partida el Programa de Movilización de Recursos Forestales, con la pretensión de contribuir al desarrollo económico en el medio rural, a la creación de empleo y a la mejora de las condiciones del empleo en el sector. Con un planteamiento amplio y a medio plazo, el pacto supone como medida inmediata el refuerzo del operativo de lucha contra incendios forestales en 5 millones de euros para este año 2015, con un aumento del 10% respecto del año anterior. Ello revertirá, esencialmente, en un aumento del período de contratación de las cuadrillas, mejorando sus condiciones de trabajo y su profesionalización.
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