La Diputación de Valladolid renovó este miércoles su colaboración con las ONG Cáritas, Cruz Roja y Banco de Alimentos para combatir la exclusión social en la provincia mediante ayudas al alquiler destinadas a familias en situación de riesgo, refugiados y mujeres víctimas de violencia de género, así como fondos para favorecer la adquisición de alimentos para personas que lo necesiten. Así se contempla en sendos convenios rubricados entre Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación, y los responsables de las 3 organizaciones, que suponen la renovación anual de la colaboración que mantienen todas las partes.
De este modo, los convenios con Cáritas y Cruz Roja, que comenzaron en 2013, se centran en las ayudas al alquiler para colectivos en especial situación de vulnerabilidad, aunque se amplían también para personas y unidades familiares que han llegado a España con motivo de la crisis humanitaria derivada de la guerra en Siria, así como para las mujeres víctimas de violencia machista.
Ayudas
En 2016 se concedieron 15 ayudas, 11 a través de Cáritas y 4 de Cruz Roja. De ellas, 3 corresponden a mujeres víctimas de violencia. Por su parte, Carnero destacó que, pese a que en 2015 se aligeraron los requisitos de renta para beneficiarse, el número de beneficiarios se redujo desde los 24 en 2014 y los 16 en 2015, síntoma, a su juicio, de una mejoría en la situación social.
Asimismo, se estableció una línea complementaria destinada a acciones formativas para colectivos en situación de vulnerabilidad que permitió la realización de 9 cursos formativos en los que han participado 103 personas sobre diferentes temáticas en distintos pueblos de la provincia de Valladolid, que desde la institución provincial esperan mantener en 2017.
Por último, en los convenios de este año se incorpora el programa de apoyo a las necesidades básicas de escolares durante las vacaciones mediante un sistema de tarjetas de compra, cheques y vales para adquirir los alimentos necesarios directamente en las cadenas de alimentación, un sistema con el que la Diputación atendió en Navidad a 103 menores y a 86 en Semana Santa.
2 tipos de ayudas
Así, se mantienen 2 tipos de ayudas, el 100% del precio del alquiler por un período de hasta 6 meses, o bien, el 50% durante un año. Excepcionalmente, se podrán ampliar las ayudas a 3 y 6 meses más, respectivamente. El importe mensual a abonar será el del coste del alquiler con un máximo de 400 euros al mes. La vivienda a ocupar tiene que estar ubicada en un municipio de la provincia de Valladolid, excluida la capital. A estos 2 convenios se destinan 120.000 euros (60.000 para Cáritas y 60.000 para Cruz Roja).
Por lo que se refiere al convenio con el Banco de Alimentos, con el que la Diputación comenzó a colaborar en 2014, contará con una partida de 70.000 euros, un 16,66% más que el año anterior. En este caso, la ayuda está destinada a atender los gastos corrientes necesarios para la recogida, selección, almacenamiento y distribución de alimentos a través de más de 70 entidades, que en el año 2016 llegaron a un total de 4.681 beneficiarios en la provincia de Valladolid.
Aportación
Asimismo, se incluyen gastos para la adquisición de los alimentos de los que presentan un déficit, por existir una mayor demanda por parte de las familias usuarias, principalmente alimentos frescos. El pasado año el Banco de Alimentos distribuyó casi 3 millones de kilos de alimentos que llegaron a 4.681 personas a través de 59 entidades ubicadas en municipios de la provincia distintos de la capital. En este sentido, Carnero destacó el esfuerzo de la Diputación, que pasó de destinar 112.315,20 euros para inclusión social en 2012, a 630.000 en 2017, un incremento del 460,92%, con un 134,37% más de beneficiarios al pasar de 1.152 a 2.700 de 2012 a 2016.
Junto a esto, recordó otras actuaciones en materia social que desarrolla la Diputación como las ayudas de emergencia social de carácter general, para material didáctico o para pobreza energética, a las que se suman ayudas a estudiantes universitarios y a colectivos tradicionalmente marginados y para la atención bucodental para personas en riesgo merced a un convenio con la Universidad Europa Miguel de Cervantes (UEMC).
Castilla y León Económica / Europa Press
