Las sanciones que el Gobierno central aplicará a las comunidades autónomas que no se ciñan al techo de gasto presupuestario tendrán en cuenta criterios como la reincidencia o la gravedad del incumplimiento, según avanzó este viernes Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde explicó las líneas generales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria que el Estado planteará el martes a las comunidades autónomas, Sáenz de Santamaría también adelantó que se establecerán mecanismos correctores para poder reconducir la deuda con reducciones “mínimas y obligatorias” en los presupuestos de las administraciones responsables referenciadas al PIB.
Al finalizar el período transitorio que marca la reforma de la Constitución, a partir del año 2020, todas las administraciones deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit, de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional.
Europa Press
