Enrique Pascual, Joel García y Diego Vázquez, presidentes de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) y la Federación Gallega de la Construcción, respectivamente, mantuvieron el pasado viernes una reunión por videoconferencia para analizar la situación del sector en sus respectivos territorios tras la declaración del estado de alarma y la posterior paralización de la actividad en las obras.
Tras el encuentro, los presidentes manifestaron “la enorme preocupación de todas las empresas del sector y, por supuesto, de todos los trabajadores que las integran, por el alcance de las medidas adoptadas en los últimos días, las cuales son especialmente virulentas y perjudiciales para nosotros, de forma que, de no contrarrestarlas con otras medidas de apoyo al sector, la consecuencia inevitable va a ser la del cierre de la mayor parte de las pymes y, además, de forma inmediata”.
Ante esta situación, las patronales reclaman una serie de medidas, entre las que se encuentran la puesta en marcha de manera urgente de un plan que garantice el mantenimiento del empleo mientras dura el estado de alarma y la paralización de la actividad; y la aprobación de las modificaciones legislativas necesarias para promover el anuncio de nuevas licitaciones públicas y que todo el procedimiento de licitación y adjudicación se tramite como procedimiento de urgencia, de forma que se acorten sustancialmente los plazos de licitación.
Obra nueva
Las patronales sostienen que si no se licita obra nueva en estos momentos, “nos encontraremos con un valle de actividad en el segundo semestre del año, inasumible para la generalidad de las empresas, y que provocará el cierre de la mayor parte de ellas”.
En la reunión también se acordó solicitar al Gobierno que adopte las medidas o promueva las instrucciones precisas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales para que procedan al desbloqueo de todos los procedimientos de concesión de licencias urbanísticas, bien mediante la admisión de declaraciones responsables o bien gestionando su tramitación a través de servicios técnicos externos; destinar un porcentaje del superávit acumulado por los ayuntamientos en los últimos años a inversión y, en concreto, a la financiación de la ejecución de infraestructuras y obras públicas, y que lo haga no solo porque las mismas son necesarias, sino también para que el impacto de esta crisis sanitaria en la economía y el empleo sea el menor posible; y agilizar certificaciones y pagos a contratistas y proveedores.
Asimismo, piden la consideración de la pandemia COVID-19 como causa de fuerza mayor a la hora de autorizar los ERTE´s presentados por las empresas pertenecientes a la industria de la construcción.
Evitar el colapso
La implementación de estas medidas de forma inmediata resulta de vital importancia para evitar el colapso de un sector que en estas 3 comunidades autónomas cuenta con cerca de 20.000 empresas y da empleo a 172.00 trabajadores, incluyendo autónomos, “un sector que comenzaba a recuperarse después de la profunda crisis sufrida en 2008 y que en estos momentos necesita más que nunca de una Administración colaboradora para evitar un nuevo declive”, señalaron.
Además de estas propuestas, las organizaciones sectoriales recuerdan que la Federación Europea de la Industria de la Construcción solicitó a la Comisión Europea que declare que la pandemia de Covid-19 es un caso de fuerza mayor y sea tratada en consecuencia; que recomiende a los Estados miembros permitir suspender o reducir la construcción en curso, sin sanciones y teniendo en cuenta los daños y perjuicios si el contratista no puede cumplir las medidas de salud y seguridad para sus trabajadores y, si no puede emprender actividades por la interrupción en el cadena de suministro o la escasez o falta de personal debido a Covid-19, y que cuando los proyectos de construcción en curso sean cofinanciados por la UE, asigne inmediatamente recursos específicos para cubrir los costes adicionales generados por la pandemia. Por último, alenta a los Estados miembros a que hagan lo mismo a nivel nacional.
Castilla y León Económica
