Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el límite de gasto no financiero para el próximo año, que se sitúa en 10.980 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 14,6% respecto al del último presupuesto aprobado, el de 2018, y representa el techo más alto desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud que sirve de referencia para la elaboración de los Presupuestos. La cifra se ha computado sobre la previsión de un crecimiento económico del 7,5%, una tasa de paro del 13,9 % y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 2,8 %.

El techo de gasto se obtiene de la suma de los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad el año que viene (10.317,8 millones de euros, el 10,36% más que en el presupuesto de 2018) y de los recursos asociados al déficit, que se ha fijado en el 1,1 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional y equivale a 633,78 millones. A la cantidad obtenida hay que añadirle 28,69 millones de euros como consecuencia de los ajustes de la Contabilidad Nacional.

El resultado de la operación es el tope de 10.980,3 millones de euros de gasto no financiero en los que como máximo podrá incurrir el Gobierno de Castilla y León durante el año que viene, 1.402,83 millones más que el previsto en el presupuesto de 2018.

Coherente con la macroeconomía

Es importante destacar que el techo de 10.980,3 millones acordado este jueves es coherente con el escenario macroeconómico proyectado para el próximo ejercicio, donde se estima una reducción del Producto Interior Bruto (PIB) del 10,1 % en 2020, a consecuencia de la pandemia, y un repunte del 7,5 % en 2021.

La tasa de paro se prevé que finalice 2020 en el 14 % y que, en 2021, se sitúe en el 13,9 %. En términos de empleo (equivalente a tiempo completo) se espera un empeoramiento del 6 % en 2020 y una mejora del 2,8 % en 2021.

Para la estimación de este techo de gasto se han considerado tanto las entregas a cuenta comunicadas por el Estado, como la compensación de financiación del déficit acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 5 de octubre. Asimismo, se ha tenido en cuenta la suspensión de las reglas fiscales y se ha seguido la recomendación de mantener el déficit de las comunidades autónomas en el 1,1 % de su Producto Interior Bruto.

La aprobación del techo de gasto supone asentar la base para iniciar el proceso de elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para 2021.

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