Expertos del despacho Gómez-Acebo & Pombo reunidos por la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (Adefam) para analizar la nueva Ley de Contratos del Sector Público auguraron un “incremento importante” del volumen de recursos empresariales en la primera etapa de su implementación, y ello como consecuencia tanto de la multiplicación de los supuestos que incluye la nueva ley para que las empresas realicen sus objeciones, como del “corto período de adaptación” que ha previsto la norma.
Irene Fernández Puyol y Miguel Ángel García Otero, especialistas del citado despacho de abogados, creen que se abre un período de cierta incertidumbre en lo que concierne a la aplicación de la nueva ley debido a su complejidad y a que habrá que esperar “a que empiecen a funcionar los organismos supervisores cuya creación contempla la propia norma”. La ley establece la creación de la Oficina de Supervisión de la Contratación, cuyos dictámenes contribuirán a homogeneizar la práctica de contratación en los diferentes entes públicos.
Mayor esfuerzo
Ambos expertos subrayan que, si bien los requisitos que impone la ley son más estrictos para administraciones y licitadores, lo que requerirá de un mayor esfuerzo de los contratistas en la preparación de las licitaciones, es previsible que en adelante se produzcan menos problemas en la fase de ejecución de los contratos.
Entre los aspectos novedosos que aporta la nueva ley, los especialistas destacaron la mayor transparencia que se introducirá en los procesos de licitación, tras fijar la obligación de que se publiquen a través de internet los expedientes completos de licitación y las posibles modificaciones contractuales. Ello fomentará que los licitadores puedan estar vigilantes a lo largo de los procesos y, llegado el caso, poder formular sus recursos.
UTE
Asimismo, se refirieron al tratamiento que tendrán las Uniones Temporales de Empresas (UTE), una figura muy común en determinados tipos de licitación pública y que a partir de ahora será examinada con detalle con el fin de evitar prácticas colusorias o limitativas del libre mercado.
En relación con este punto, los expertos recomendaron a las empresas que se presenten a una licitación bajo esta forma de asociación que documenten bien los motivos económicos y técnicos que aconsejan su adopción con el fin de no encontrar posteriormente problemas.
Desde Adefam destacan que se calcula que más del 13% del PIB agregado de la UE proviene de las inversiones que realizan las administraciones públicas, lo que da una idea de la trascendencia económica que tiene la nueva regulación de la contratación pública.
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