Jesús María Terciado, presidente de Cecale, valoró las medidas de ajuste adoptadas por la Junta este jueves, aunque rechazó la aplicación del Impuesto de Patrimonio, cuyo efecto para sufragar la Renta Garantizada de Ciudadanía considera “irrelevante”.
El máximo responsable de la patronal regional calificó como “positivo” el Proyecto de Ley anunciado de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria que su organización demanda “desde hace años y que ya se plantea en la última reforma de la Constitución”, lo que permitirá “fijar un techo de gasto no financiero” en las administraciones y empresas públicas.
Deduciones
De entre las acciones aprobadas por el Ejecutivo regional, Terciado elogió la deducción del 7,5% sobre el IRPF para la compra de vivienda, que “podrá incentivar un sector con muchos problemas”, como es el de la construcción.
También mostró su apoyo a la bonificación de 1.000 euros para los autónomos que retomen su actividad, así como el céntimo sanitario, una medida que, según explicó, ya le propuso al consejero de Economía y Empleo.
Acciones “injustas”
Aunque el presidente de Cecale reconoció que este tributo que gravará los carburantes puede ser “injusto” para los conductores, subrayó que gracias a él no se tocarán otros impuestos que resultarían “más perjudiciales”.
Terciado mostró su preocupación por que la denominada ecotasa, que gravará a las compañías eléctricas sin que repercuta en la factura de los hogares, “más en un momento en el que el déficit tarifario no se ha resuelto”.
Funcionarios
También consideró “muy razonable” la congelación salarial de los funcionarios y la ampliación de su jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, y rechazó que medidas como éstas o la reducción de liberados sindicales “no se hayan tomado antes”.
Por su parte, los sindicatos rechazaron estas actuaciones. Así, Ángel Hernández, secretario general de CC OO en Castilla y León, manifestó su “más enérgico rechazo” a las medidas que supondrán la congelación de los salarios de los empleados públicos.
Pérdida de poder adquisitivo
Hernández explicó que los trabajadores públicos de Castilla y León tienen un peso “muy importante” en la economía de la comunidad autónoma y la congelación de sus salarios, sumada a la pérdida de poder adquisitivo producida el presente año y la inflación de 2012, supondrá una pérdida de su poder adquisitivo que repercutirá en el consumo.
En cuanto a las que afectan a tasas e impuestos, apuntó que las estudiará con mayor detenimiento en los próximos días. “Hay cosas que nos parecen bien y en algunas el fin nos parece bien, pero el medio no es el más adecuado”, destacó.
Congelación salarios
Por último, Faustino Temprano, de UGT, consideró que las medidas relativas a los empleados públicos se deberían haber negociado y aseguró que contribuirán a aumentar las cifras de desempleo en la región.
Temprano, insistió en que es “necesario” el acuerdo para adoptar estas medidas y reclamó un mesa de negociación que hubiera trasladado sus resoluciones a la Cortes de Castilla y León.
Europa Press
