La asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha elaborado una serie de propuestas dirigidas a lograr una desburocratización radical de la administración regional y a situar a Castilla y León en la vanguardia de la administración digital. Éstas surgen tras constatar que cerca de la mitad de sus asociados tiene que destinar más del 20% de su tiempo para cumplir con la burocracia y otro 40% entre el 10% y el 20%.
El objetivo final de las recomendaciones es la simplificación de estos trámites, una de las principales medidas demandadas por los empresarios familiares para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, tal y como quedó reflejado en el sondeo realizado en noviembre por EFCL a sus asociados.
Entre otras peticiones, la agrupación aboga por eliminar la obligación de presentar documentación no necesaria o de la que ya disponga la administración, y también de aquella que pueda obtener de otro organismo público, exigiendo así una interoperabilidad real y efectiva entre las distintas consejerías y con otras administraciones (local y estatal).
EFCL recuerda que con ello se conseguirá que efectivamente se cumpla con el derecho de los administrados de no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas o que hayan sido elaborados por éstas que recoge la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Eliminar documentación superflua
Además, y con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de permisos, licencias y autorizaciones, los empresarios familiares también instan a realizar una revisión profunda de los distintos procedimientos que posibilite también la eliminación de la exigencia de documentación superflua o redundante.
Por otra parte, y pese a la generalizada liberalización de actividades y servicios por imposición comunitaria, EFCL recuerda que todavía existen diferentes trámites sujetos a licencia o autorización previa, por lo que solicita su revisión para someter a régimen de comunicación/declaración responsable la práctica totalidad de las iniciativas económicas y empresariales.
Pide también que la tramitación simplificada de los procedimientos administrativos que permite la ley sea la regla general y no la excepción, y que ningún procedimiento sea resuelto en más de 30 días.
Si bien reconoce que Castilla y León la Administración regional lo está implantando, Empresa Familiar de Castilla y León también señala que se debe exigir en sede electrónica un catálogo actualizado de los trámites, con la documentación solicitada, formularios, plazos de resolución, normativa, entre otros.
Asimismo, propone una revisión de la normativa que en esta materia existe en la Comunidad, tal y como ya están haciendo otras comunidades autónomas, con la finalidad de agilizar los servicios digitales de la administración, beneficiar a los administrados y situar a Castilla y León a la vanguardia en administración electrónica.
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