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El traspaso de Justicia no se negociará hasta aprobar el nuevo modelo

La Junta cifra en 162 millones de euros el coste de asumir las competencias, 30 millones más de los que calcula el Gobierno
José Antonio de Santiago-Juárez y Alberto Ruiz Gallardón.
De izquierda a derecha, José Antonio de Santiago-Juárez y Alberto Ruiz Gallardón, consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta y ministro de Justicia, respectivamente.

La Junta de Castilla y León y el Gobierno iniciarán las negociaciones para el traspaso de las competencias de Justicia a la comunidad autónoma una vez que se apruebe el Proyecto de Ley que recoge un nuevo modelo de Justicia para España y que Alberto Ruiz Gallardón, ministro del ramo, tiene previsto enviar a las Cortes Generales “entre septiembre y octubre”.

Así lo indicó José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, tras una reunión con Gallardón, a quien trasladó el Pacto por la Justicia consensuado en la región y que cifra el traspaso de las competencias en un mínimo de 162 millones de euros, 30 millones más que lo estimado por el ministerio.

El portavoz de la Junta consideró “lo más sensato” esperar a la puesta en marcha del nuevo modelo de Justicia en España para que ambas partes comiencen a negociar. “La comunidad está deseando asumir las competencias, lo que no está dispuesta es a asumir déficit”, apuntó De Santiago-Juárez tras defender el modelo autonómico y considerar que la descentralización administrativa “ha sido un éxito”.

Partidos judiciales

Por otro lado, el consejero de la Presidencia presentó al ministro la Proposición no de Ley aprobada en las Cortes de Castilla y León que rechaza el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde propone una reducción de las demarcaciones judiciales y que en el caso de Castilla y León supondría pasar de 41 a 25 partidos judiciales.

El ministro recordó al respecto que el informe “no es vinculante para el Gobierno” y se comprometió a consultar a Castilla y León y al resto de regiones antes de aprobar la ley que fijará las nuevas demarcaciones judiciales.

Finalmente, el consejero reclamó al representante gubernamental que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, el Gobierno priorice algunas inversiones “necesarias” en la comunidad autónoma, como la Ciudad de la Justicia de Valladolid o las sedes en Segovia y Palencia.

Europa Press / Castilla y León Económica

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