“La economía afronta una débil recuperación después de salir de la recesión y a este ritmo vamos a unir la salida de esta crisis con el comienzo de la siguiente, así que basta ya de recortes, de subir impuestos y de reestructuraciones. Es el momento de que el Gobierno se olvide de jugar con las leyes y afronte de una vez seriamente la creación de empleo”, indica con rotundidad Emiliano Alonso, presidente de la Confederación Castellano Leonesa de la Construcción (CCLC), que insiste en que no habrá recuperación “sin inversión pública, pues el motor privado está gripado por los años de crisis, el bajo flujo crediticio y las ingentes inversiones que suponen la internacionalización de las pymes del sector”.
Alonso expone datos para afianzar su tesis del efecto tractor de una actividad que “exporta en España 18.000 millones de euros al año y sin embargo nadie mira por protegerlo. Estoy convencido de que sin la construcción no se podrán generar los empleos necesarios para salir de la crisis, ni siquiera los 600.000 en dos años prometidos por Mariano Rajoy”.
El empresario continua y asegura: “hemos repetido hasta la saciedad que cada puesto de trabajo en este sector tiene una capacidad de arrastre de 2,4 empleos. Es decir, crear un millón de puestos de trabajo supondría generar 2,4 millones más, pues hay más de 60 actividades que dependen de esta industria. Ningún sector es capaz de generar este volumen tan rápido de ocupados”.
Ley de Unidad de Mercado
Alonso se muestra pesimista al hablar de los concursos y licitaciones. “Parece que al Gobierno no le preocupa este sector e incluso permite que las multinacionales se coman a la clase media empresarial, que somos los responsables del 80% del empleo. Mientras que el Gobierno central, en concreto el Ministerio de Fomento, saca los contratos a concurso y limita las bajas en las ofertas económicas, en la Junta de Castilla y León y algunas diputaciones provinciales los sacan a subasta, con lo que las pymes no podemos competir con las grandes. ¿Dónde está la Ley de Unidad de Mercado? ¿O es que va a pasar lo mismo que con la Ley de Morosidad, que los primeros en incumplirla han sido las propias administraciones públicas?”, se pregunta.
Para el presidente de la CCLC, esta situación provocará que se sigan cerrando empresas. “Además, se están adjudicando obras a precios por debajo de coste -el conocido como dumping- con las nefastas consecuencias posteriores. Este hecho sería incluso denunciable ante el Tribunal de la Competencia, cuya Comisión Nacional debería tomar cartas en el asunto ante esta irregularidad”, matiza.
El presidente de CCLC recuerda que la industria de la construcción ha pasado de representar el 14% al 4% del PIB español, “sin ninguna protección, pues hemos caído en picado y sin paracaídas. Pienso que el peso idóneo del sector tendría que estar entre un 8% y 9% del PIB”.
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