Blog creado por la Plataforma en Defensa de lo Público de Castilla y León.

Un grupo de funcionarios y personal laboral de la Junta de Castilla y León ha creado la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu) y un blog para agrupar sus propuestas de optimización del gasto de la Administración, con el fin último de garantizar la prestación de los servicios esenciales.

El movimiento, abierto a todas las categorías laborales dentro del funcionariado regional y con representación en las 9 provincias, se desvincula de partidos políticos y sindicatos. "Sabemos desde nuestros puestos de trabajo cómo pueden hacerse mejor las cosas y cómo defender los servicios públicos", explica Quinidio Martínez, uno de los portavoces de Pladepu.

La plataforma ha enviado una carta a Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, en la que detalla sus "propuestas en positivo" para acabar con los "derroches" en la gestión diaria de la Junta, "aligerar de verdad" su estructura y disolver toda la "Administración B o paralela", repartida entre fundaciones o empresas públicas "cuyas competencias pueden ser desarrolladas por el personal propio".

La intención de estos empleados públicos es recoger firmas hasta el próximo día 15 de junio para que sus iniciativas lleguen a la Mesa de las Cortes y sean tenidas en cuenta durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2012.

En la misiva enviada a Del Olmo se incluye el siguiente contenido:

Qué denuncian:

- La "excesiva politización" de la Administración autonómica, mediante el aumento de los "cargos de confianza" y un abuso del sistema de "libre designación" que "atenta contra los principios de independencia" y de servicio de interés general "con objetividad".

- La proliferación de un sector público paralelo (Administración B): entes, empresas públicas, fundaciones, institutos, consejos, agencias, observatorios, gerencias, consorcios, empresas mixtas o participadas y empresas ajenas "encubiertamente subvencionadas" que "suponen, en la práctica totalidad de los casos, duplicidad de actuaciones".

- Los "derroches" de los responsables políticos de la Junta y de las Cortes que, "a pesar de la crisis económica, persisten en no atajar los grandes desmanes que crearon y que mantienen el déficit presupuestario".

- La sostenibilidad presupuestaria de Castilla y León "no puede buscarse únicamente recortando gastos de personal y prestaciones, sino gestionando los recursos de una manera responsable y eficaz". Pladepu aboga por propiciar unos servicios públicos de calidad que requerirán el mantenimiento de la inversión y la cobertura de todos los puestos de trabajo vacantes "garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad".

A qué se niegan:

- A que las restricciones de gastos se hagan de a costa de sus retribuciones presentes y futuras.

- A que se imponga el aumento de 2,5 horas de trabajo semanal, que "únicamente encubre y facilita el ahorro de los salarios de trabajadores interinos y contratados, lo que creará hasta 5.000 nuevos parados".

- A que se recorten plantillas mediante la supresión de miles de puestos vacantes o próximos a la jubilación y se faciliten futuras privatizaciones. "También nos oponemos al posible despido de personal laboral fijo que ampara la reciente reforma laboral", añaden.

- A que se rebaje el salario en casos de incapacidad temporal y se recorten prestaciones y servicios a los ciudadanos.

Qué proponen:

- Disolución inmediata de todo el sector público paralelo antes del 31 de julio de 2012 y retorno de todas las competencias, patrimonio, instalaciones y medios a las consejerías correspondientes. Cancelación de todas las privatizaciones y servicios externalizados.

- Puesta en práctica inmediata de medidas de ahorro que contemplen todos los capítulos presupuestarios, todos los centros de gasto (incluyendo Cortes, Procurador del Común, Consejo Consultivo y Tribunal de Cuentas) y todas las partidas.

- Búsqueda del equilibrio presupuestario mediante la actualización y eficaz gestión de las tasas y precios públicos con criterios de progresividad y a través del ejercicio y cobro de la obligada sanción si se resuelve en concepto de multa.

- Convocatoria urgente de todos los concursos de traslados con la totalidad de las plazas que están vacantes. "No convocar concursos, además de vulnerar el derecho a la promoción y movilidad, equivale a una nueva bajada de retribuciones para los miles de funcionarios que los esperan y la condena, para otros, a trabajar lejos de casa por tiempo indefinido", argumenta la plataforma.

- Una vez resueltos los concursos, elaboración, con total transparencia y período de información pública (previo a su aprobación definitiva), de nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPTs) para cada consejería, ajustadas al retorno de competencias ya reclamado.

- Inclusión de todas las plazas vacantes resultantes de los procesos anteriores en las Ofertas de Empleo Público de 2013 y 2014, con las consiguientes convocatorias de oposiciones.

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