La Cámara de Contratistas de Castilla y León solicitará a las Cortes regionales que insten al Gobierno autonómico a que suprima la Tasa por Inspección y Dirección de Obras Públicas (TIDOP) por tratarse de un impuesto injusto que perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores del sector de obra pública.
Así se lo comunicó Enrique Pascual, presidente de la Cámara de Contratistas, a Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León, durante el encuentro mantenido este martes en la sede del parlamento regional.
En el transcurso de la reunión, Pascual explicó a Clemente que el objetivo de la Cámara de Contratistas es que las Cortes regionales tramiten una iniciativa parlamentaria encaminada a la supresión de dicha tasa dado que, en su opinión, lastra las posibilidades de desarrollo del sector.
Encuentros
Para ello, la Cámara de Contratistas tiene previsto mantener encuentros en los próximos días con todos los grupos parlamentarios para explicarles las repercusiones negativas que tiene esa tasa en el sector y solicitarles su apoyo para lograr que la Junta no incluya dicha tasa en los presupuestos de 2017.
La Tasa por Inspección y Dirección de Obras Públicas es un tributo que aplica la Junta de Castilla y León a las certificaciones de las obras que lleva a cabo y que representa el 4% del presupuesto de ejecución material de la obra.
Desde su implantación en el año 2002, la Cámara de Contratistas ha reclamado reiteradamente su supresión, al considerar que no se corresponde al pago por un servicio que el Gobierno regional preste a las adjudicatarias de obras, sino a un servicio que la Administración se presta a sí misma, por lo que no debería ser abonado por las empresas contratistas.
Coste burocrático
Además del desembolso económico que supone para las empresas, la tramitación de estas tasas implica también un coste burocrático tanto para la propia Administración como para las adjudicatarias, que, a juicio de la Cámara de Contratistas, no beneficia a nadie.
Por ello, estima que las TIDOP suponen para todo el sector de la obra pública en la región un impuesto injusto que lastra sus posibilidades de futuro del sector, que ya se ha visto gravemente afectado por la crisis, con la pérdida de cerca de 8.300 empresas y más de 77.000 puestos de trabajo directos desde el año 2007.
A pesar de esta situación y de que la ejecución de obra este año volverá a ser muy escasa, situándose la Junta en uno de los momentos de menor adjudicación de obra de los últimos 25 años, las empresas de obra pública deberán abonar aproximadamente 7,6 millones de euros en concepto de esta tasa.
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