Cajaviva y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) presentaron este jueves un estudio que cifra en 140 millones de euros las cargas administrativas de las empresas burgalesas. El informe, realizado por N&B Profesionales Asociados, estima que estas trabas se traducen en alrededor de 4 millones de horas, es decir, 2.295 jornadas completas.
Para un autónomo sin empleados, el coste mínimo anual rondaría los 1.400 euros, casi 120 euros al mes, y cerca de 250 horas. Para una pyme con entre 10 y 50 trabajadores serían 40.000 euros y más de 100.000 euros para las medianas empresas, pero baja el esfuerzo relativo en relación a la facturación.
Entre otras conclusiones, el informe considera que una de las maneras más fáciles e inmediatas de impulsar la competitividad de los negocios europeos es reducir las cargas administrativas que les afectan, “intervención que a veces les supone un ahorro considerable”.
120.000 leyes en vigor
Ramón Sobremonte, director general de Cajaviva, recordó las palabras de Gay de Liébana, quien durante su participación en la Mesa de Actualidad Empresarial 2016 que celebró la entidad, afirmó que en nuestro país hay 120.000 leyes en vigor.
Asimismo, explicó en nuestro país se rellenan más de 700.000 páginas cada año sólo con el contenido de los boletines oficiales de las distintas administraciones. “La UE tampoco se queda corta y generó 40.000 normas jurídicas desde el año 2000. Este exceso de regulación provoca un impacto negativo muy significativo en productividad e innovación”, dijo.
Además, subrayó que es “imposible” conocer todas las normas que los empresarios tienen que cumplir. Sobremonte incidió en que es necesario “aplicar el principio de proporcionalidad” e imponer distintas obligaciones a grandes empresa y a pymes. A su juicio, la diversidad interpretativa, la imposición de requisitos desproporcionados o los dilatados tiempos de respuesta obstaculizan la puesta en marcha de iniciativas interesantes.
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