Iberaval aprobó este jueves su integración con la sociedad de garantía cántabra (Sogarca) en Valladolid, durante la celebración de su Junta General Extraordinaria de Socios. A este encuentro acudió una importante representación de administraciones públicas, entidades financieras y organizaciones socioeconómicas, que forman parte de los 40.000 asociados con que cuenta en la actualidad la SGR con origen en Castilla y León.
La Junta permitió a los socios presentes decidir sobre el Proyecto Común de Fusión, que resume un proceso que arrancó a finales de 2023 y que se espera completar a finales del segundo semestre de 2025. Entre los hitos restantes del mismo se sitúan la culminación de un expediente de autorización desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; la autorización administrativa de ese organismo; el otorgamiento de escritura pública de fusión y su inclusión en registros mercantiles de Valladolid -sede social de Iberaval- y Santander -sede social de Sogarca-; y la comunicación del proceso a la Administración Tributaria y organismos públicos correspondientes.
En el encuentro se recordó a los presentes que el capital social de Iberaval al cierre de 2024 era de 110 millones de euros, y el de Sogarca, de 11 millones de euros. Esa suma de recursos de ambas entidades facilitará la llegada de nuevos socios a la entidad resultante.
La integración de la cántabra Sogarca en Iberaval dará lugar a una sociedad de garantía reforzada, que prestará servicio de manera presencial a empresas de Castilla y León, La Rioja, Madrid, Galicia y, una vez culmine el proceso, Cantabria. A dicho servicio se suma el que Iberaval ofrece a partir de su oficina web.
Nombramientos
La Junta General Extraordinaria de Socios dio continuidad al Consejo de Administración ordinario que acostumbra a celebrar Iberaval en el mes de julio. En dicho órgano de gobierno de la entidad que preside César Pontvianne, se hizo un seguimiento a los principales parámetros de control de la entidad y se propuso el nombramiento de 2 nuevos consejeros, en base al citado proceso de integración, que se hará efectivo una vez se culmine la fusión. Se trata del Gobierno de Cantabria, a partir de Sodercan, y de CEOE Cepyme-Cantabria.
A la conclusión de junio, Iberaval registró un riesgo vivo -el importe facilitado a empresas que se encuentra pendiente de devolución- de 1.715 millones de euros, en 23.600 operaciones, lo que supone un 7% más que hace un año. Iberaval sigue representando más de 20 por ciento de todo el sector en su métrica más relevante dentro del Sistema Nacional de Garantías, que conforma con otras 17 SGRs y la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).
Con ese importe activo, Iberaval contribuía al cierre del pasado mes de junio, en todos los territorios en los que está activa, al sostenimiento de 251.659 puestos de trabajo en las empresas que mantiene financiadas.
Necesidades de financiación
Pontvianne valoró las buenas cifras de la economía nacional y de las autonomías en las que tiene presencia la sociedad de garantía, si bien reclamó que existe una “cierta contención” a la hora de afrontar nuevas inversiones o proyectos a medio-largo plazo por parte de las empresas. Algo que, a su entender, se ha visto reflejado en la actividad de la entidad financiera que preside durante los 6 primeros meses del año, en los que Iberaval ha completado 2.758 operaciones, por valor de 318,5 millones de euros.
Durante ese período, de hecho, las inversiones han supuesto el 28,6% del total de la financiación que ha materializado Iberaval, siendo el 71,4% restante, operaciones dirigidas a atender necesidades de liquidez.
El sector más beneficiado de esa acción financiadora de la SGR en la primera mitad de 2025 ha sido el comercio, con el 29% del importe facilitado; seguido por la industria, con el 22%; y los servicios, con el 19%.
Respaldo institucional
Iberaval cuenta con el respaldo de múltiples instituciones públicas, como el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL) de Castilla y León, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) -perteneciente al gobierno de esa comunidad autónoma-, o el Instituto para la Promoción Económica (IGAPE) dependiente de la Xunta de Galicia. También lo hace con la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que forma parte del Ministerio de Industria y Turismo.
La SGR dispone del reaval de dicha entidad estatal, y dispone de hasta una quincena de líneas bonificadas como ICECYL Financia de la Junta. Entre ellas se encuentran las referidas a Reemprendimiento, Microcréditos Emprendedores Castilla y León Comunidad de Emprendedores (CLCE), Medio Rural, Circulante o Autónomos y microempresas. También con la Administración regional gestiona un Instrumento Financiero de Contragarantía para la Competitividad Empresarial, cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea, dentro del Programa Operativo Castilla y León 2021-27.
El Instrumento permite canalizar recursos públicos hacia el tejido productivo (pymes, autónomos y midcaps), y cuenta con una dotación de 60 millones de euros, con un límite máximo de 2,5 millones por operación. Según estimaciones de la Junta, el importe medio de los préstamos avalados a partir del Instrumento Financiero rondará los 160.000 euros.
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