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Amigo prioriza la consolidación de la recuperación y la creación de empleo

El presupuesto de la Consejería crece un 14,7% hasta los 411 millones en 2021
Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria.
Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria.

Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria de la Junta, compareció este jueves ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos 2022 en lo referente a su Departamento. Un proyecto económico dotado con 411,29 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,7% con respecto al presupuesto del presente ejercicio. Las cuentas incorporan 20,6 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados al Servicio Público de Empleo de Castilla y León y a la Dirección General de Economía Social y Autónomos.

Las políticas de empleo que se plantean se sustentan en la III Estrategia Integrada de Empleo acordada el pasado mes de junio en el seno del Diálogo Social. Este documento servirá de pauta para el Plan de Empleo de Castilla y León 2022, que concretará, de acuerdo con los agentes económicos y sociales del Diálogo Social, los programas y medidas recogidos en el proyecto de presupuestos. Así mismo, los presupuestos de la Consejería de Empleo e Industria están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y en particular con los 7 objetivos vinculados a las competencias de la Consejería.

Empleo para la cohesión social y el reto demográfico

Durante su comparecencia, Amigo insistió en que el objetivo principal de estos presupuestos es consolidar la creación de empleo y el descenso del desempleo que Castilla y León viene experimentando de forma sostenida en los últimos meses, con datos muy favorables, tanto en la reducción del desempleo como en el incremento de afiliados a la Seguridad Social. En este sentido, recordó que el dato de paro registrado el pasado mes es el mejor de un mes de octubre desde el año 2008; mientras, el número de afiliados a la Seguridad Social solo se ha superado, durante los últimos 10 años, en julio del 2019.

El apoyo a la creación de empleo estará ligado a los compromisos de cohesión social, territorial y de desarrollo sostenible. Dentro del compromiso con los más vulnerables, la Consejería de Empleo e Industria apostará por programas y medidas que permitan favorecer la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo: jóvenes, mujeres, personas en riesgo de exclusión, trabajadores con discapacidad, parados de larga duración o desempleados mayores de 55 años.

Del mismo modo, los presupuestos pretenden hacer frente al reto demográfico y al reequilibrio territorial, apoyando de forma especial la creación de empleo y la generación de actividad económica en el medio rural, con incentivos adicionales a la contratación y al emprendimiento y con un refuerzo de los planes de empleo rural y local que el próximo año contarán con un presupuesto de más de 80 millones de euros.

Apoyos a la digitalización y modernización

A través de estos presupuestos se apoyará la modernización y transformación del tejido productivo hacia un modelo económico más ecológico, digital y sostenible. Este apoyo se verá reflejado, por un lado, en la formación para el empleo con el fin de que los trabajadores puedan adaptarse e impulsar los nuevos modelos de producción; y por otro lado, en las ayudas a las pequeñas y medianas empresas del sector industrial y comercial, dando continuidad a los programas que se han puesto en marcha durante este ejercicio 2021 a través de la Dirección General de Industria y de la Dirección General de Comercio y Consumo (Industria 4.0, Reto Castilla y León Cibersegura, subvenciones para la modernización y digitalización de pymes comerciales e industriales, entre otros).

Dentro de los programas de formación, a los que se destinan más de 127 millones de euros, se impulsarán aquellas iniciativas que garanticen una mayor conexión entre las necesidades y capacidades que demandan las empresas y el contenido de la formación que se imparte a desempleados y ocupados. En este sentido, programas como la formación específica con compromiso de contratación o la formación programada en las empresas son iniciativas prioritarias para el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Empleo juvenil y femenino

El empleo juvenil se plantea como otra de las grandes prioridades de la Consejería de Empleo e Industria para el próximo ejercicio y como parte de la estrategia para responder al reto demográfico. El plan de empleo joven cuenta con un presupuesto de 78 millones de euros, y pretende impulsar la creación de más de 4.000 empleos para los jóvenes de Castilla y León a lo largo del próximo año.

Se plantean además programas y medidas específicas adicionales a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Entre estas iniciativas cabe destacar el Programa de primera experiencia profesional, dotado con 10 millones de euros, para la contratación de jóvenes menores de 30 años en el sector público institucional y en las corporaciones locales; así como el Programa Investigo, con una inversión de 11,6 millones de euros entre los ejercicios 2021 y 2023, para promover la contratación de jóvenes en centros de investigación, universidades o centros tecnológicos.

La promoción del empleo femenino será también objeto de especial atención en los programas del próximo año. Además de los incentivos adicionales para la contratación y la promoción del autoempleo, se pondrán en marcha, con el apoyo de los fondos europeos, varios programas específicos para este colectivo; entre ellos, un programa de apoyo a la mujer del ámbito rural y urbano destinado a prestar atención personalizada a través de itinerarios integrados de empleo, y otro programa de formación e inserción, con compromiso de contratación, para mujeres víctimas de violencia de género. Estos 2 programas, que se extenderán hasta el 2023, cuentan con un presupuesto global de 9 millones de euros.

Crisis empresariales y trabajadores vulnerables

Con el fin de dar respuesta a las posibles crisis empresariales que puedan surgir como consecuencia de problemas derivados de la falta de componentes, suministro de materias primas u otras circunstancias extraordinarias, la Consejería de Empleo e Industria ha presupuestado, a través de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, 2 programas que suman 14 millones de euros y que están dirigidos a trabajadores en situación de vulnerabilidad y a empresas en crisis de sectores estratégicos.

El primero de estos programas, dotado con 9 millones de euros, tiene como objetivo, al igual que se hizo durante la crisis sanitaria, garantizar el mantenimiento del empleo y la supervivencia de las empresas en situación de crisis sobrevenida. El segundo de los programas, que cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros, va destinado a los trabajadores más vulnerables o afectados por estas crisis empresariales, especialmente cuando se vean afectados por expedientes de regulación de empleo, ya sean de carácter temporal o de extinción de las relaciones laborales.

Dentro de las iniciativas de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales cabe destacar, también, las actuaciones dirigidas a la promoción de la seguridad y salud laboral, con especial atención al desarrollo de la cultura preventiva y en colaboración con los agentes económicos y sociales del Diálogo Social.

Apoyo a los autónomos y al emprendimiento con nuevos programas

La consejera de Empleo e Industria ha anunciado la inminente puesta en marcha de un nuevo programa de apoyo al emprendimiento y al trabajo autónomo que se desarrollará en el periodo 2022/ 2023 y que estará dotado con un presupuesto de más de 15 millones de euros. Este nuevo programa, al que se incorporarán fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pretende facilitar el inicio de la actividad a los nuevos autónomos, mejorar la formación de los trabajadores por cuenta propia y apoyar la financiación de sus proyectos para promover su crecimiento y consolidación.

Además, se dará continuidad a las ayudas que ya se han puesto en marcha en los últimos años para el colectivo de autónomos, tales como la extensión de la tarifa plana, el pago de las cuotas a la Seguridad Social a los beneficiarios de la prestación por desempleo en la modalidad de pago único, los incentivos al autoempleo y el apoyo a la a las primeras contrataciones, o las subvenciones para financiar el traslado de pequeños negocios a Castilla y León y para favorecer el retorno de trabajadores autónomos asentados en otras comunidades.

Dentro de los presupuestos de la Dirección General de Economía Social y Autónomos merecen especial atención los programas dirigidos a los Centros Especiales de Empleo, las empresas de inserción, y las sociedades y cooperativas laborales. En el ejercicio 2022 se destinarán 28,5 millones de euros a los Centros Especiales de Empleo con el fin de cofinanciar las inversiones y los costes saláriales de las personas con discapacidad y del personal de las Unidades de Apoyo. Cabe recordar que Castilla y León cuenta con 324 Centros Especiales de Empleo que emplean a más de 5.600 personas con capacidades diferentes.

Se destinarán además 800.000 euros para las empresas de inserción, que tienen como objetivo la integración laboral de las personas en exclusión o en riesgo de exclusión social; mientras, el apoyo a las cooperativas y sociedades laborales contará con un presupuesto de 1,2 millones de euros, con un incremento del 8%.

Inversiones por valor de 29 millones

Por último, el capítulo de inversiones cuenta con un presupuesto de más de 29 millones de euros. Entre las actuaciones previstas, cabe señalar las obras de remodelación de las oficinas de empleo de León o Ponferrada; así como la finalización de las obras de la oficina de Miranda de Ebro, la supresión de barreras arquitectónicas en el centro de seguridad y salud laboral de Castilla y León o el acondicionamiento del nuevo edificio administrativo de Ávila.

Asimismo, con cargo a este capítulo se financiarán los gastos de mantenimiento y adquisición de equipos informáticos que permitirán seguir avanzando en los procesos de modernización y en la prestación de más y mejores servicios a trabajadores y empresas, servicios que reciben anualmente más de 200.000 castellanos y leoneses.

Castilla y León Económica

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