Caja España-Duero se centrará en 2011 en gestión de riesgos, mejora de la eficiencia y optimización de servicios

El Plan de Integración evoluciona según lo previsto y la reestructuración de oficinas y plantilla finalizará el 31 de diciembre

La Asamblea General de Caja España-Duero celebrada hoy en León ha aprobado las directrices para el año 2011, su primer ejercicio completo tras la fusión, en el que se centrarán los esfuerzos en la gestión de riesgos, la mejora de la eficiencia y la optimización del servicio al cliente. El proceso de reestructuración, que estará finalizado el próximo día 31 de diciembre, la nueva Caja centrará su estrategia en la banca de particulares, las pyme y el sector agroalimentario y la previsión de beneficios a finales de 2010 se eleva a 47 millones de euros.

En su intervención, Evaristo del Canto, presidente de la entidad, y Lucas Hernández, director general, hicieron un repaso de los principales retos a los que se enfrentan las entidades financieras en el actual entorno económico, “fuertemente adverso”, y se refirieron a los pasos que desde Caja España-Duero se darán para salir reforzados del proceso de reestructuración emprendido. En 2011 la entidad dará preponderancia a la gestión eficiente de los riesgos y apostará por centrarse en la optimización de sus ventajas competitivas, tanto en el crédito minorista como en el segmento de pyme y agropecuario, de manera que mantendrá su compromiso con la promoción del desarrollo económico de Castilla y León.

Igualmente, prevé consolidar en el próximo ejercicio las sinergias aportadas por el proceso de fusión, especialmente las derivadas de la integración de los procesos de soporte al negocio, que contribuirán de manera decisiva a la mejora de la eficiencia.

“Referente nacional”

Desde un punto de vista geográfico, la línea estratégica principal se centrará en mantener el liderazgo financiero en Castilla y León, donde la entidad cuenta con mayores activos, mayor cuota de mercado y mayor presencia física; consolidarse en las comunidades de Madrid y Extremadura, que están próximas al mercado tradicional y donde también es significativa la presencia de la Caja y convertirse en “referente nacional”, mediante un enfoque hacia las capitales de provincia, donde existe mayor masa crítica de segmentos estratégicos.

En cuanto al modelo de gestión comercial, se busca la optimización de la calidad de servicio al cliente, para lo que se potenciará su gestión proactiva a través de la generación de carteras que faciliten su mayor vinculación y fidelización; se impulsarán los canales de atención alternativos a las oficinas, basados en las nuevas tecnologías, y se apostará por un modelo de especialización centrado en empresas y banca personal.

Por otra parte, el plan de integración previsto por Caja España-Caja Duero evoluciona de acuerdo con lo previsto, dos meses después de la creación de la nueva entidad, el pasado día 1 de octubre.

159 oficinas cerradas

Ambas entidades contaban antes de la fusión con 1.102 oficinas abiertas a los clientes en toda la Península, Ceuta y Portugal y se determinó el número de sucursales excedentarias en 253, 116 de las cuales de la antigua Caja Duero y 137 procedentes de la antigua Caja España. Hasta el momento se han cerrado 159 oficinas, por lo que está pendiente el cierre de las 94 restantes a lo largo del mes de diciembre.

Según explicó la entidad, la política de adaptación de la red obedece a razones “puramente económicas”, tras analizar la rentabilidad, la duplicidad existente en determinadas localidades o la proximidad en el caso de grandes ciudades. La operativa puesta en funcionamiento en los últimos meses ha pretendido evitar los perjuicios a los clientes en la medida de lo posible, así como volcar el servicio de las oficinas clausuradas a sucursales cercanas para redoblar el servicio de éstas.

809 prejubilaciones

Igualmente, el proceso de ajuste de la plantilla continúa “a buen ritmo”, con las primeras prejubilaciones ya efectuadas. El número total de empleados que tenía la posibilidad de acogerse a estas medidas voluntarias alcanzaba los 828 profesionales y, hasta el momento, 809 personas, el 98%, ha decidido aceptar las condiciones planteadas por la empresa, que contaron con la aprobación mayoritaria de los representantes sindicales.

Además, Lucas Hernández facilitó a los componentes de la Asamblea General algunas de las principales cifras de la entidad, que pronostican un cierre del ejercicio con unos beneficios de 47 millones de euros. El resto de las magnitudes más significativas son los activos, de 45.633  millones de euros; los recursos de clientes, de 29.250 millones de euros; la inversión crediticia, de 27.367 millones de euros y el ratio de solvencia, en el 14,24 por ciento.

Finalmente, la Asamblea General aprobó, con un respaldo del 80% de sus integrantes, el sueldo del presidente.

Europa Press

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