Las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León expresaron este martes su “profunda preocupación y rechazo” tras la supresión de paradas de AVE en Segovia, Medina del Campo (Valladolid) y Puebla de Sanabria (Zamora) y advirtieron de que la medida “perjudica gravemente” el desarrollo económico y social de las localidades, “malestar” que expondrán ante la Comisión Europea.
En concreto, solicitarán una revisión y revocación de esta medida para asegurar que las políticas de transporte del país se alineen con los principios fundamentales de movilidad, desarrollo regional y sostenibilidad promovidos por la UE y que se trabaje en una estrategia que refuerce la conectividad ferroviaria en la comunidad autónoma para contribuir al desarrollo y equilibrio del tejido productivo.
Discriminación territorial
“No en vano, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han establecido principios clave en sus políticas económicas y sociales que contradicen la decisión de Renfe“, aseguran las Cámaras. A esto añaden que la medida supone una discriminación territorial “que debe ser revisada en instancias europeas. Mientras otras comunidades autónomas han visto reforzada su red de alta velocidad, Castilla y León sufre una reducción de servicios que afecta directamente a su desarrollo”.
Las Cámaras de Comercio defienden que las 3 estaciones afectadas por la supresión de paradas del AVE deben seguir siendo “nodos esenciales de comunicación” para facilitar el acceso de ciudadanos, empresas, trabajadores y turistas a redes de transporte “eficientes y competitivas”.
“La eliminación de estas paradas supone una merma en la conectividad de nuestras ciudades, limitando las oportunidades comerciales y turísticas, afectando negativamente a nuestras empresas y reduciendo la movilidad de nuestros habitantes”, insisten las Cámaras de Comercio, que reiteran que la supresión de estas paradas afectará “a cientos de negocios locales que dependen del flujo de viajeros”.
Problemas laborales
También critican que la eliminación de las paradas afectará a “cientos de trabajadores” que dependen del AVE para sus desplazamientos diarios. “Muchos empleados que viven o se desplazan en otras ciudades podrían verse obligados a abandonar la localidad ante la falta de opciones de transporte adecuadas”, auguró la organización cameral.
Las Cámaras advierten asimismo de que la reducción de opciones de transporte afecta de forma directa a la calidad de vida de los ciudadanos, al limitar su acceso a oportunidades laborales y educativas y al aumentar la dependencia del transporte privado, “con el consiguiente impacto ambiental y económico”.
Por otro lado, califican de “despropósito” el planteamiento de Renfe a las diputaciones y a la Junta de cofinanciar estos servicios y defienden que la alta velocidad es un servicio de interés general “que debe garantizarse con criterios de equidad territorial y cohesión socia. La financiación de infraestructuras estratégicas debe responder a una planificación nacional y europea que asegure la accesibilidad para todos los ciudadanos”.
“La Alta Velocidad no debe ser un privilegio reservado para unos pocos, sino una herramienta de vertebración territorial y progreso. En este sentido, instamos a Renfe a reconsiderar esta decisión y a abrir un diálogo con los actores locales y empresariales para encontrar soluciones que garanticen una movilidad sostenible e inclusiva”, concluyen en el comunicado.
Castilla y León Económica / Europa Press
