El Observatorio Económico del Servicio de Estudios Económicos ECOVAEstudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, correspondiente al primer trimestre de 2022, apunta que “seguimos estando ante una situación de emergencia económica que se está trasladando a una emergencia social hacia los más vulnerables, por lo que los ciudadanos son cada vez más pobres”.
Juan Carlos De Margarida, director del Servicio, hizo hincapié este martes en que “se necesita un plan de acción conjunto del BCE y de los Gobiernos de la UE para frenar la subida de precios actual y evitar una estanflación”, por lo que las acciones deben ejecutarse dadas 3 realidades: “la inflación subyacente ha empezado a desbocarse, siendo más estable y duradera que la general; los riesgos de decrecimiento económico aún no son graves y hay capacidad de maniobra; y el buen comportamiento del mercado laboral mantiene el consumo, principal motor de la economía”.
En este sentido, afirmó que el control “ante una estanflación necesita de la moderación salarial, de una política monetaria y fiscal restrictiva y de reformas estructurales de calado, que no tienen visos de que se vayan a producir con la agilidad y rapidez que se necesita para hacer frente a un escaso crecimiento económico y a una elevada inflación”.
Previsiones económicas
Las variables de ECOVAEstudios han analizado las previsiones económicas donde se ha puesto de relieve que “la recuperación de la economía de la región a niveles prepandemia se producirá a finales de 2024 o primer trimestre 2025, debido al aumento desaforado de la inflación, así como que la previsión de PIB para 2022 sea de entre un 2,8% y un 2,2%, lo que supone una bajada del 1,5% respecto a las últimas previsiones del Servicio de Estudios, situándose la deuda pública entre el 21% y 23%”.
De Margarida ha reflexionado sobre las dudas razonables que surgen sobre “¿hasta dónde va a llegar el incremento de los tipos de interés? o ¿cómo se va a argumentar la realidad para justiciar los cortafuegos de la deuda por el BCE?”, ya que “el Programa de Estabilidad elaborado por el Gobierno no contempla ningún plan estratégico de contención del gasto, aumentando los desembolsos corrientes con medidas como la vinculación de las pensiones al IPC”.
Por ello, el Observatorio Económico ha concluido que “la inflación es ya estructural, y sin un horizonte claro de disminución hasta que no cambie el modelo de producción y reactivación de la economía, por lo que tendrá un impacto negativo en la recuperación de la economía regional”. Si bien, hay que estar alerta respecto al gasto público que sigue aumentando sin control. “No hay que justificar las acciones de gestión de los recursos públicos en base a que el déficit público disminuye, ya que es debido al incremento de los ingresos vía impuestos a causa del alto valor inflacionario de los productos y servicios que hace disminuir los ahorros y el poder adquisitivo de los ciudadanos, verdadero motor de la economía”, dijo.
De Margarida ha argumentado una serie de recomendaciones que podrían mitigar las consecuencias económicas de la inflación a las que nos enfrentamos: “por un lado incrementar los impuestos al consumo, como el IVA, realizando al mismo tiempo rebajas fiscales en el IRPF pero evitando una bajada generalizada de impuestos y optando, al mismo tiempo, por otorgar ayudas a los más vulnerables, es decir, hogares con rentas bajas y alto nivel de endeudamiento, así como aquellos con mayor dependencia energética”.
Como conclusión, el director de ECOVAEstudios recomendó reducir “seriamente el gasto público y no fijarse solamente en los ingresos, eliminar la vinculación de las pensiones a la inflación, así como las trabas burocráticas a las empresas; confeccionar políticas que garantice el poder adquisitivo de los ciudadanos con revisiones fiscales de calado, así como reformas estructurales urgentes y realistas, y finalmente llevar a cabo un pacto de rentas que no traslade la inflación a empresas y trabajadores, al objetivo de evitar una espiral inflacionista”.
De Margarida trasladó su llamamiento a la “responsabilidad y coherencia de los actores que intervienen en la gestión de los recursos públicos y privados” y ha pedido que “se demuestre generosidad para lograr un futuro estable y sin sobresaltos para las actuales y futuras generaciones de ciudadanos”.
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