Castilla y León cerró el primer trimestre de 2025 con una deuda de 13.944 millones de euros, de acuerdo con los datos del Banco de España publicados este viernes, lo que equivale al 18,3% del Producto Interior Bruto (PIB). Este menor nivel de endeudamiento con respecto a la media autonómica es uno de los elementos que sustentó la decisión de la agencia Moody’s de mejorar el perfil financiero de la comunidad autónoma, elevando el rating Baa1 de perspectiva estable a positiva.
La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es reducida, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al finalizar el primer trimestre de 2025 suponía el 4,12% del total de las regiones, contabilizado en 338.151 millones de euros.
A 31 de marzo de 2025 Castilla y León acumulaba 13.944 millones de euros de pasivo, con un descenso intertrimestral del 2,1% frente al incremento del 0,7% que registró el conjunto autonómico. Esta cantidad representa el 18,3% de su Producto Interior Bruto, lo que supone el menor nivel de endeudamiento en relación al PIB desde 2014. Además, esta ratio se mantiene por debajo de la media autonómica (21%), aumentando su diferencial a 2,7 puntos porcentuales. La adecuada gestión presupuestaria y financiera ha permitido controlar su nivel de deuda sin menoscabo de la calidad de los servicios públicos esenciales que presta.
En el cálculo del volumen de deuda autonómica el supervisor bancario incluye los créditos reintegrables que la Administración regional concede a las empresas, cuantificados en 214,3 millones de euros, así como el llamado factoring sin recurso –créditos comerciales con la administración cedidos a entidades financieras–, que añade 55 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 235,4 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas) atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que al cierre del primer trimestre de 2025 el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 20,8%, con 2.900 millones de euros. La deuda con el Fondo de Facilidad Financiera es de 1.582,5 millones de euros –en concreto, el 11,4%– correspondiente al préstamo concertado en 2020.
Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.588,2 millones de euros, un 11,4% de la deuda de la región.
Por otro lado, el 96,2% del endeudamiento castellano y leonés estaba concentrado en la Administración general, frente al 3,8 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto al vencimiento, el 99,5% de la deuda viva de la región está formalizada a largo plazo frente al 0,5% a corto plazo, lo que minimiza los riesgos de refinanciación. Asimismo, el 70,5% está concertado a tipo de interés fijo y el 29,5% a interés variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor, y además, está suscrita en euros en su totalidad.
Este moderado nivel de endeudamiento es uno de los factores que la agencia Moody’s valoró favorablemente en su decisión de mejorar el perfil financiero de la Comunidad, elevando el rating Baa1 a perspectiva positiva, ratificando de este modo la misma calificación que el Reino de España. Además, ha tenido también en cuenta la buena gestión presupuestaria y financiera, los déficits contenidos y la buena accesibilidad de Castilla y León al mercado de deuda.
Sin deuda de empresas públicas no sectorizadas
Asimismo, cabe señalar que el Banco de España contabiliza en 4.082 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría a 31 de marzo de 2025 al 21,3%, frente al 18,3% de Castilla y León.
Finalmente, hay que indicar que Castilla y León cumplió en 2024 el objetivo de deuda pública al respetar los límites de endeudamiento fijados, tal y como ha puesto de manifiesto el Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales recientemente publicado por el Ministerio de Hacienda.
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