Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de Castilla y León, reconoció que los problemas y las incertidumbres que viven los mercados financieros han impedido a la comunidad autónoma realizar una emisión de deuda pública de “gran volumen” y que ha cifrado en unos 500 millones de euros, como se había previsto para antes de verano. Éste ha sido uno de los principales mensajes que lanzó en su comparecencia en las Cortes regionales para explicar el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2011, así como las cuentas propias de su Consejería.
La consejera aclaró durante un receso de su comparecencia que esta situación no es ajena a Castilla y León ya que las restricciones de los mercados financieros han impedido a todas las regiones españolas realizar emisiones fuertes desde el mes de abril. “Tenemos liquidez, no íbamos a salir a la desesperada”, explicó la titular de la cartera de Hacienda en el Ejecutivo regional, en referencia a decisiones adoptadas en otros territorios, como Cataluña con la emisión de los denominados bonos patrióticos.
Del Olmo recordó que las previsiones de emisión de deuda de la Junta alcanzaban los 1.365 millones de euros, de los que se han llevado a cabo ya 750, de modo que quedan pendientes unos 600 más que, según vaticinó, es posible que sí se puedan emitir en lo que queda de año, siempre que las condiciones de los mercados sean favorables a los intereses de la comunidad autónoma. Además, hasta el momento se han 15 operaciones de emisión de deuda con un importe medio de 50 millones de euros y a través de otro tipo de emisiones, como colocaciones privadas o préstamos bilaterales.
Posición “relativamente ventajosa”
Dicho esto, la consejera defendió la posición “relativamente ventajosa” de Castilla y León frente a otras comunidades autónomas y, tras recordar que la Región se sitúa en cuarto lugar en el ranking de regiones menos endeudadas en términos PIB, aseguró que esa conclusión es “más abrumadora” si se compara la deuda con el ahorro bruto ya que, a diferencia de lo que sucede en otras autonomías, ha preservado un nivel de ahorro bruto “significativo” –1.502 millones de euros en 2009–. En este punto, garantizó que, según los datos a 30 de junio, la región podría devolver el total de la deuda en algo menos de siete años.
En el mismo sentido, la consejera explicó que si se calcula lo que representa el volumen total de deuda respecto a los ingresos corrientes Castilla y León se sitúa en un porcentaje del 41,5% -según datos a 30 de junio–, “muy por debajo del 71,7% que correspondería a la media de las regiones españolas”. Pilar del Olmo puso especial hincapié en que la comunidad auto´noma es un “prestatario de alta calidad”, lo que no ha impedido que se encuentre al margen de esa problemática actual de los mercados financieros que, según lamentó, está castigando especialmente a las comunidades autónomas.
Más carga de trabajo
“Este hecho se concreta en un acceso muy restringido o prácticamente cerrado a inversiones financieras internacionales, unos vencimientos a más largo plazo penalizados dada la alta incertidumbre existente, la imposibilidad de realizar emisiones de deuda pública autonómica, limitándose su actividad en este campo a las colocaciones privadas y operaciones de financiación vía préstamo de reducido importe, debido a la alta concentración de riesgos que tienen los inversores”, preciso.
La consejera reconoció que ese cúmulo de factores, junto al “alto nivel de competencia” para captar recursos vía emisión de deuda, ha incrementado la carga de trabajo de la Consejería en este área “ya que en estos momentos es necesario realizar continuas labores de sondeo entre los inversores y colocadores, a la vez que mantener un alto nivel de transparencia en el suministro de información con el fin de paliar la desconfianza sobre la capacidad de las comunidades autónomas para cumplir con los compromisos asumidos, en especial los relativos a la reducción del déficit”.
Pilar del Olmo dedicó los últimos momentos de su comparecencia de presupuestos al tema de la deuda pública ante la importancia que ha adquirido esta sección en los presupuestos de la comunidad autónoma, con 389 millones para 2011, “un presupuesto superior al de siete de las doce consejerías de la Junta”.
Reducción en el gasto
Por otra parte, la Consejería prevé reducir el próximo año en un 26,48% el gasto de arrendamiento de edificios mediante la reordenación de espacios administrativos y limitará los gastos en atenciones protocolarias y representativas, con un presupuesto inferior en un 10% al del año anterior. Además, se fija como objetivo para 2011 estandarizar y renegociar los contratos de suministros, lo que permitirá reducir en un 15% el gasto de material de oficina y del material informático no inventariable, así como los suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte y el material electrónico, eléctrico y de comunicaciones.
Los servicios postales y telegráficos también descenderán en un 15%, mientras que los gastos de telecomunicaciones caerán un 7%. Finalmente, el ahorro en combustible de vehículos se ha cifrado en un 8%.
Reforma en la financiación autonómica
Con relación a la obtención de fondos por parte de las comunidades autónomas, Pilar del Olmo, auguró una reforma “en breve” del modelo de financiación autonómica, una tarea que debe llevar a cabo el Gobierno de la nación recientemente reformado. Tras acusar al Ejecutivo nacional de haber situado a las comunidades autónomas en una situación de “auténtica asfixia” para financiar los servicios fundamentales, la consejera se mostró convencida de que el modelo de financiación autonómica ha nacido con unas características gravísimas, como es la “insuficiencia” para poder prestar los servicios más cercanos al ciudadano.
“Por lo tanto, yo auguro que este modelo va a ser reformado en breve y debe ser reformado en breve”, reiteró la consejera, para quien se trata de una de las principales reformas que tiene que acometer el Gobierno de Zapatero. Al respecto, defendió una vez más la inclusión como ingresos de los 211 millones del Fondo de Cooperación, un dinero “al que tenemos derecho” y que, a su juicio, no puede dejarse a la voluntad del Ejecutivo central “en función de sus exclusivos intereses ignorando previsiones legales que amparan el derecho de las comunidades autónomas a recibir esos fondos el próximo año”.
En este punto, la consejera de Hacienda se mostró dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias legales en la exigencia de esos 211 millones de euros y expresó su deseo de que el Gobierno rectifique y entregue finalmente ese dinero a Castilla y León, como ha hecho en anteriores ejercicios.
Europa Press
