La Directiva (UE) 2019/1937 sobre protección de denunciantes fue transpuesta a nuestro ordenamiento mediante la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Esta ley exige a las organizaciones de tamaño medio y grande (más de 50 trabajadores) contar con un sistema que permita recibir, tramitar y proteger las alertas de irregularidades. Disponer de un canal de denuncias facilita la detección temprana de conductas contrarias a la ley, como fraude, acoso, corrupción o riesgos laborales; y minimiza el impacto reputacional y evita sanciones administrativas o penales atribuibles a la empresa o a sus directivos.
Juan José Tapias, socio director de Data Technology Consulting (DTC), pone en valor esta herramienta, al asegurar que el canal de denuncias “no es sólo una obligación, es una oportunidad para mejorar la empresa”. Además, apunta que la entrada en vigor de esta normativa es “un paso importante hacia la consolidación de una cultura empresarial basada en la transparencia, la responsabilidad y la prevención. Aunque la ley impone la obligación de implantar un canal de denuncias a las empresas de más de 50 trabajadores, lo cierto es que, bien gestionado, se convierte en una herramienta muy valiosa para detectar a tiempo irregularidades internas y actuar antes de que se agraven”.
Riesgos reputacionales
El experto apunta como principales ventajas el hecho de evitar muchos riesgos reputacionales, jurídicos y económicos. Además, contribuye a un entorno “más ético y colaborativo. Cumplir con esta normativa es también una forma de demostrar compromiso con la buena gobernanza y la transparencia, atributos cada vez más valorados por inversores, clientes y socios comerciales”, señala Tapias.
El principal reto es adaptar procesos y asegurar que el canal cumpla con todas las garantías: confidencialidad, anonimato, protección frente a represalias y crear un entorno de confianza en el que los empleados se sientan seguros al comunicar posibles incumplimientos. También es clave formar e informar a los empleados para que sepan cómo utilizarlo.
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