Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha pedido a los partidos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas que se comprometan a reducir la burocracia en nuestra región para que las empresas ganen en competitividad, se evite su huida y se atraiga inversión a la comunidad autónoma.
Así lo ha demandado Isidoro Alanís, presidente de EFCL, quien ha ofrecido una rueda de prensa acompañado de Eduardo Estévez, director de la asociación, y los vicepresidentes Carmen San Martín y Miguel Vergara para presentar el documento Análisis para la mejora de los procesos administrativos en Castilla y León y las propuestas para reducir la burocracia.
Competitividad y foco de inversión
Alanís ha señalado que esta cuestión afecta «directamente y de forma radical y sustancial», tal y como refieren las propias empresas, ya que limita «la competitividad y la atracción de inversiones» y, en el caso de Castilla y León, además «hace que se sitúe fuera de las regiones más atractivas para invertir».
El presidente de EFCL ha destacado además que Castilla y León cuenta además con un excesivo número de trabajadores públicos, con 78 por cada 1.000 habitantes, sólo superada por Extremadura y Aragón (92 y 81), con un incremento en los últimos 5 años, cuando se ha producido un cambio sustancial en el mundo de la tecnología con la incorporación de la inteligencia artificial, que «tiene que suponer agilidad en la tramitación administrativa».
Sin embargo, lo que considera una consecuencia de esta situación es una «mayor burocratización y legislación, lo que hace que las empresas cada vez sean menos competitivas, ágiles y productivas».
Por ello, ha pedido a todos los partidos que se hagan eco de su documento y sus propuestas de cara a la próxima legislatura con el objetivo de lograr una región «más eficiente, productiva y mejor para los ciudadanos». Además, ha advertido de que si no se reduce la burocracia y mejora la tramitación «habrá una huida de empresas, como está habiendo», lo que a su juicio generará más despoblación y que no haya un retorno de habitantes.
En este marco, el director de EFCL ha explicado que los principales problemas que se detectan están los plazos «interminables», la duplicidad documental, una débil capacidad administrativa con rotación de personal, falta de formación y digitalización insuficiente, una normativa «confusa y cambiante», con criterios distintos entre administraciones, y una interpretación «confusa» del interés general, que debería tener más en cuenta la inversión y la generación de empleo frente a otros criterios como los ambientales.
Además, Empresa Familiar detecta un exceso de regulación autonómica, que a menudo es incoherente entre administraciones locales y regionales, una inestabilidad normativa con continuas modificaciones que afectan a la planificación empresarial y una falta de acompañamiento público a las empresas.
Propuestas
Para solucionar estas cuestiones, Estévez ha enumerado una serie de medidas que propone EFCL, la primera de ellas que el «silencio administrativo» sea positivo para licencias urbanísticas, inicio de actividades y autorizaciones de bajo impacto y evitar así que se paralice la actividad económica.
En este sentido, la asociación aboga por fijar plazos máximos de resolución, como la propia Administración exige a las empresas y también a los ciudadanos.
Por otro lado, ha reclamado el impulso de la declaración responsable y comunicaciones previas, es decir, que una empresa pueda iniciar su actividad cuanto antes y el control se lleve a cabo después, con sanciones a quien corresponda si incumple. «Pero no esperar que el papel esté encima de la mesa», ha añadido el director de EFCL, quien considera que así se reducirían los tiempos de inicio, mayor competitividad, menores costes y mayor seguridad jurídica.
Transformación digital
Otra de las propuestas es llevar a cabo una transformación digital que suponga una ventanilla única digital para trámites autonómicos y municipales, un único expediente o un pasaporte digital empresarial como identificador y la necesaria formación del personal administrativo en gestión digital.
Además, Empresa Familiar aboga por una uniformidad de criterios y una mayor coordinación administrativa, con programas de formación homogéneos para funcionarios, una plataforma colaborativa entre administraciones y una publicación periódica de plazos y métricas en el desempeño administrativo.
Una quinta propuesta pasa por la elaboración de una Ley Ambiental propia de Castilla y León, para lo que ha recordado que la región tiene competencia y es algo que ya existe en otras comunidades autónomas que incluso mejoran la normativa estatal.
Estévez ha insistido en que se puede hacer y provocaría una mayor sostenibilidad y también más competitividad empresarial, dado que los plazos actuales son «horrorosos» y hacen que muchas empresas se vayan fuera porque es más fácil llevar a cabo la tramitación, como ha ocurrido con uno de los socios de Empresa Familiar, que decidió instalarse en Galicia. Sin embargo, San Martín ha incidido en que esto no es posible para aquellas empresas que no se pueden deslocalizar, como es el caso de las bodegas, por ejemplo.
Asimismo, la asociación empresarial reclama una revisión de la flexibilidad laboral en la Administración, con una auditoría del teletrabajo, que era necesario en pandemia y no debería ser el criterio general, con un refuerzo de la atención presencial, directa y profesional.
Supresión de la cita previa obligatoria
Finalmente, Empresa Familiar aboga por una supresión generalizada de la cita previa obligatoria, con la recuperación de la atención sin cita como norma general y sólo la previa en trámites complejos o de alta demanda. Eduardo Estévez ha incidido en que ya no es pandemia y la Administración debería estar accesible como ocurre en otras comunidades autónomas, algunas de las cuales están «24 horas abiertas» a través de sus canales digitales.
El director de Empresa Familiar considera que Castilla y León «necesita pasar de una administración burocrática a una administración facilitadora», lo que permitiría reducir costes y tiempos de respuesta para las empresas.
Beneficios de estas propuestas
Asimismo, ha señalado como algunos de los beneficios que también generaría la puesta en marcha de estas propuestas el aumento de la seguridad jurídica y la previsibilidad, una mayor competitividad frente a otras comunidades y fomentar la inversión y el empleo.
De la misma forma, la asociación ha señalado que todo ello permitiría mantener las empresas familiares y, por lo tanto, los centros de decisión en la comunidad autónoma.
«Con la simplificación administrativa habría más arraigo territorial, atraeríamos inversiones, muchas nuevas empresas y especialmente favoreceríamos a las zonas rurales, que son las que más sufren la burocracia», ha añadido Estévez.
Voluntad política firme
El director de Empresa Familiar ha añadido que para que todo esto sea exitosos se requiere «voluntad política firme» de cambiar y una colaboración público-privada como en otras ocasiones.
Estévez ha aclarado que no consideran que sea suficiente con mejoras «pequeñitas», sino que reclaman un «cambio profundo» en el sistema administrativo de Castilla y León, para lo que aporta no «simplemente» una queja, sino soluciones y propuestas completas y «factibles» que consideran que van encaminadas al desarrollo económico y social de la comunidad autónoma.
Castilla y León Económica/ Europa Press
