Con el objetivo de contribuir a dinamizar la actividad empresarial en el medio rural, Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) y la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) entregaron este lunes a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, un estudio que contempla más de 100 medidas concretas y factibles, que incluyen desde una mayor iniciativa pública hasta la simplificación administrativa, con la búsqueda de colaboraciones público-privadas y algunas reformas legales para mejorar el desarrollo industrial en los pequeños municipios.
Según explicaron Isidoro Alanís y Santiago Miguel, presidentes de EFCL y Vitartis, respectivamente, “este trabajo responde a una necesidad cierta, objetiva y urgente: las empresas que operan o quieren establecerse en el medio rural de Castilla y León se enfrentan a procedimientos administrativos tediosos, prolongados en el tiempo, con excesiva dispersión normativa y escasa coordinación entre administraciones. Y sin empresas no será posible que nuestros pueblos puedan sobrevivir”.
Asimismo, detallaron que se trata de un asunto de gran interés para la comunidad autónoma, “que tiene que ver con su propia capacidad para competir en Europa y en el mundo”, por lo que anunciaron que prevén mantener encuentros con los dirigentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria en Castilla y León, “con el fin de que contribuyan a lograr este objetivo de Comunidad”.
Lucha contra la despoblación
Durante el encuentro con el presidente Fernández Mañueco, los presidentes de EFCL y Vitartis reconocieron los esfuerzos de la Junta en el apoyo al sector agroalimentario y señalaron que con este documento se pretende continuar en la línea de luchar contra la despoblación y reforzar las inversiones y el empleo en las zonas rurales.
Sin embargo, la complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos frenan la inversión, resta competitividad, genera incertidumbre, desmotivación y costes innecesarios para quienes apuestan por emprender e invertir en el medio rural, además de reflejar una injustificada falta de confianza en el empresario.
Por ello, consideran que es necesario “actuar con decisión para simplificar los procedimientos administrativos que, sin aportar valor, dificultan o incluso impiden el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, particularmente en sectores estratégicos como el agroalimentario, que tiene una vinculación directa con el territorio y un elevado efecto tractor sobre otras actividades”.
Recordaron, en este sentido, que en Castilla y León el 45% de las industrias agroalimentarias se ubica en el medio rural, en localidades de menos de 2.000 habitantes, que concentran el 35% del empleo del sector y el 40% de su cifra de negocio.
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