Iberaval cerró abril con un total de 39.750 socios (39.361 pymes y autónomos y 139 instituciones), tras incorporar en los últimos 5 años más de 10.000 asociados. Así se puso de manifiesto en el Consejo de Administración celebrado por la sociedad de garantía este jueves en Valladolid, donde también se abordaron las cifras más destacadas de actividad de la compañía a la finalización del mes pasado.
A la conclusión del cuarto mes de 2025, registró un riesgo vivo de 1.692 millones de euros en 23.500 operaciones, lo que supone un 6,4% más que hace un año. Un crecimiento que, sin embargo, contrasta con la ralentización detectada en este inicio de ejercicio.
César Pontvianne, presidente de Iberaval, insistió en que la entidad mantiene el liderazgo del sector al representar un 20,9% del riesgo vivo del sistema de garantías de nuestro país, que conforma junto a otras 17 entidades y cuenta con el respaldo de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa). En concreto, aporta esos 1.692 millones de euros sobre un total de 8.088 millones activos en la financiación que facilitaban las sociedades de garantía a las pymes en nuestro país a la conclusión de abril. Con ese importe activo, contribuye al sostenimiento de 248.482 puestos de trabajo en las empresas que mantiene financiadas.
La reunión del máximo órgano de gobierno de la sociedad de garantía también sirvió para aprobar la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, que permitirá validar el proyecto común de fusión para afrontar la integración de la entidad cántabra Sogarca en Iberaval, lo que dará lugar a una sociedad de garantía reforzada, que prestará servicio de manera presencial a empresas de Castilla y León, La Rioja, Madrid, Galicia y, una vez culmine el proceso, Cantabria. A dicho servicio se suma el que Iberaval ofrece a partir de su oficina web.
Necesidades de financiación
Pontvianne explicó: “en un entorno de crecimiento consolidado, con la inflación domada en el 2,2% y unos tipos de interés más asumibles para las pymes, siguen existiendo necesidades de financiación, y por ello en Iberaval seguimos empeñados en proporcionar el impulso de liquidez que las empresas necesitan”. El sector más beneficiado del apoyo financiero de la SGR en los 4 primeros meses del año ha sido el comercio, con el 30% del importe facilitado; seguido por la Industria, con el 22%; y los Servicios, con el 18%.
Con respecto al tamaño, las más respaldadas fueron las pequeñas empresas (43,3%), seguidas por las microempresas (42,3%) y las medianas compañías (14,6%). Esto evidencia que el respaldo se concentra en pequeñas y microempresas, que representan cerca del 86% de la actividad financiada.
En ese sentido, Pontvianne se refirió al XIV Informe sobre Financiación de la Pyme en España, de SGR-Cesgar, asociación de la forma parte Iberaval junto a las otras sociedades de garantía operativas en nuestro país. Según apuntó, el 47,7% de las pymes tuvieron la necesidad de financiación en 2024, cifra que se mantiene muy por encima de los niveles prepandemia.
Dicho estudio pone sobre la mesa también que el 43,9% de las pymes espera aumentar su financiación en los próximos 12 meses, aunque ese aumento esperado en la financiación no se traduce, por ahora, en una previsión de creación de empleo, ya que más del 84% espera mantener estable su plantilla.
Financiación europea
Iberaval trabaja de manera coordinada con múltiples instituciones públicas, como el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL) de Castilla y León, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (Ader) o el Instituto para la Promoción Económica (Igape) dependiente de la Xunta de Galicia. También lo hace con la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que depende del Ministerio de Industria y Turismo.
Actualmente, la SGR cuenta con el reaval de dicha entidad estatal, y dispone de líneas bonificadas como ICECYL Financia de la Junta. Junto a esta administración gestiona un Instrumento Financiero de Contragarantía para la Competitividad Empresarial, cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea, dentro del Programa Operativo Castilla y León 2021-27. Este mecanismo, diseñado para canalizar recursos públicos hacia el tejido productivo -pymes, autónomos y midcaps-, cuenta con una dotación de 60 millones de euros, con un límite máximo de 2,5 millones por operación. Según estimaciones de la Junta, el importe medio de los préstamos avalados rondará los 160.000 euros.
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