El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este jueves la declaración como Proyecto Industrial Prioritario (PIP) del Plan Estratégico de Potenciación y Crecimiento en Castilla y León: Visión 2027 de Indra, que tiene como objetivo consolidar su presencia en la comunidad autónoma y reforzar su papel como empresa tractora en el sector tecnológico e industrial.
Este acuerdo conlleva la declaración de urgencia de todas las actuaciones que sean competencia de la Administración autonómica, acelerando la ejecución de las inversiones y contribuyendo al posicionamiento temprano de la región en un sector estratégico y en auge. La aprobación por parte del Consejo de Gobierno supone la culminación del expediente administrativo, tramitado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo e iniciado el pasado 26 de diciembre, fecha en la que la multinacional presentó formalmente la solicitud para obtener el reconocimiento, así como la documentación de las inversiones previstas.
La declaración como proyecto prioritario se justifica por razones de interés general, dado el impacto innovador de la propuesta y su capacidad para dinamizar el tejido industrial a través de la captación de talento STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). A este impacto tecnológico hay que sumar el volumen de inversión y de empleo previsto dentro del proyecto.
Beneficios administrativos
La declaración como Proyecto Industrial Prioritario implica, de acuerdo con la normativa autonómica, una serie de beneficios administrativos y estratégicos diseñados para acelerar la ejecución de las inversiones. En este sentido, los plazos para la tramitación de los proyectos e inversiones relacionados quedan reducidos a la mitad, se declaran de urgencia todas las actuaciones que sean competencia del Ejecutivo autonómico. Además, la Junta se compromete a arbitrar mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación de los procedimientos que dependan de otras administraciones públicas.
Como contrapartida a los beneficios de la declaración, la empresa asume el compromiso de mantener tanto las inversiones como el empleo en sus respectivos emplazamientos durante un periodo mínimo de cinco años desde la finalización del proyecto en el 2027.
La declaración aprobada ha superado satisfactoriamente los períodos de participación ciudadana y audiencia pública sin recibir alegaciones, y ha contado con los informes favorables del Comisionado para la Ciencia y la Tecnología y del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL).
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