Para el tejido empresarial de Castilla y León, la burocracia ha dejado de ser un mero inconveniente operativo en la coyuntura actual. Esta complejidad administrativa, lejos de mitigarse, se ha cronificado y afecta directamente a la supervivencia de las empresas. Nuestros asociados de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), 190 empresas familiares que contribuyen al 6% del empleo privado en nuestro territorio, respaldan en una reciente encuesta que la burocracia es el principal escollo en su gestión diaria tanto por la complejidad del sistema normativo como por el excesivo número de normas. Ante el inminente nuevo Gobierno autonómico, urge elevar el debate sobre la simplificación administrativa desde el compromiso de cambiar el modo de relacionarnos con la Administración.
La tasa de empleo público, por otro lado, en Castilla y León es una de las más altas de España, con 220.000 personas. También preocupa la tendencia, pues desde 2020 la plantilla pública ha crecido un 13%. Y es que nos enfrentamos a una paradoja de productividad en plena era digital.
Penaliza la planificación a largo plazo y la atracción de inversiones con el actual sobredimensionamiento legislativo. Al final, es difícil de entender que el crecimiento de la función pública sea inversamente proporcional a la competitividad privada. Recientemente, EFCL ha presentado a los grupos políticos un plan de choque fundamentado en la seguridad jurídica que recoge una serie de propuestas concretas y factibles con el fin de aliviar este hartazgo empresarial. Aspiramos con estas propuestas a evitar la fuga de empresas hacia territorios más amables con la burocracia y también a nivel fiscal, por lo que desde Empresa Familiar de Castilla y León planteamos una seria de medidas que podríamos resumir a continuación.
En primer lugar, establecer el silencio administrativo positivo sería vital para que los plazos no impidan parar la actividad económica. La elaboración de una Ley Ambiental propia es otra de las propuestas que permitirían racionalizar los trámites de impacto medioambiental.
Suprimir la cita previa obligatoria
Requerimos, además, una ventanilla única real y un expediente empresarial único a fin de eliminar las duplicidades entre los diferentes departamentos administrativos. Es necesaria, paralelamente, la revisión de la flexibilidad laboral en la Administración y suprimir la cita previa obligatoria y el teletrabajo con carácter general, en aras a una mejor atención y agilidad en el servicio.
Aunque reconocemos los avances logrados mediante la colaboración público privada en la última legislatura, la situación actual exige, sin embargo, una mayor ambición y provocar un cambio profundo en el sistema. La Administración debe pasar de una cultura fiscalizadora a una cultura facilitadora.
Mantener los centros de decisión en nuestra tierra depende de esta reducción de cargas. A todas las formaciones políticas instamos a integrar estas medidas en sus agendas como defensa de la actividad económica y el empleo en nuestro territorio. De no haber una reducción sustancial de la burocracia, la región perderá capacidad productiva, competitividad y espantará inversiones nuevas y facilitará el éxodo de las empresas que apuestan por su tierra.
Resulta crucial que el próximo Gobierno regional asuma la eficiencia administrativa como una de las piedras angulares de su legislatura. Imprescindible será, por tanto, lograr una comunidad autónoma mucho más eficiente y productiva. Debemos asegurar así el futuro económico de nuestra región.
