El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar a José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero y sus 6 hijos el 18 y 19 de octubre, tras admitir la querella de un grupo de 63 inversores contra Nueva Rumasa por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible. Además, el juez ha incrementado a 30 millones de euros la fianza por posibles responsabilidades que pudieran derivarse del proceso.
El pasado mes de junio, la Audiencia Nacional abrió diligencias de investigación un día después de recibir el informe favorable a la apertura de la causa penal de la Fiscalía Anticorrupción. El juez explicó que durante el curso de la instrucción «se deberá limitar con mayor precisión el importe de las presuntas defraudaciones llevadas a cabo, así como el destino último dado por los querellados a las cantidades desembolsadas por los inversores».
En ese momento se impuso al grupo una fianza de 13 millones de euros, que ahora se ha elevado a 30 millones, y se ordenó la entrega de la documentación referente a la decena de sociedades del holding emisoras y avalistas de los pagarés. Además, el juez pidió a la Unidad Central de Delitos Económica y Fiscal (UDEF) y a la Agencia Tributaria toda la documentación que tuvieran sobre las sociedades de Nueva Rumasa. Ruz descartó, en cambio, investigar la actuación de la CNMV y del Banco de España por responsabilidad civil subsidiaria del Estado, tal y como pedían los querellantes.
El magistrado se acoge a las acusaciones de los fiscales Juan Pavía y Alejandro Luzón que se pronunciaron a favor de la apertura del proceso penal por 2 de los 4 delitos denunciados -estafa e insolvencia punible-, tipificados en los artículos 248 y 252 del Código Penal, respectivamente. La Fiscalía descartó la acusación por delito fiscal. El juez centra la causa en los 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros, identificados por la Fiscalía. A éstos habrá que sumar los que adquirieron pagarés hasta enero de 2011. A partir de ahora, el resto de inversores (cerca de 5.000) podrán adherirse a la querella y ser parte del proceso como acusación particular.
Investigación sobre sociedades
El juez pidió también al Registro Mercantil y a los juzgados de lo mercantil toda la información sobre las sociedades que emitieron o avalaron los pagarés, todas ellas en situación concursal o pendientes de declaración de insolvencia.
Los pagarés fueron emitidos, con una inversión mínima de 50.000 euros, por las sociedades Carcesa, Inversiones Ruiz-Mateos, José María Ruiz-Mateos, y Maspalomas Hoteles, avalados en su mayoría por Grupo Dhul y Clesa, así como Hibramer.
Las investigación sobre las operaciones de pagarés también afectan a las sociedades Rumanova, Bardajera, Carnes y Conservas Españolas y Bodegas Valdivia de Cádiz.
Europa Press
