Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, defendió este lunes la prioridad nacional en el acceso a las ayudas, la simplificación normativa y el rechazo firme a la política de inmigración del Gobierno central como ejes claves de su departamento en la XII Legislatura, durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para exponer el programa de actuaciones.
El vicepresidente avanzó 5 medidas nucleares y centró la atención en la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa; la generalización del uso del silencio administrativo positivo y el impulso a la declaración responsable y la comunicación previa; la reformulación de los criterios de concesión de todas las ayudas sociales, al tenor del principio de prioridad nacional; la reducción al mínimo legal exigido de la cooperación internacional al desarrollo y el hecho de favorecer, en la medida de lo posible, a aquellos países con los que Castilla y León pueda alcanzar acuerdos de retorno y repatriación de menores.
Durante su comparecencia, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales cargó contra el fenómeno existente de la hiperregulación, que “no contento con arruinar y lastrar los sectores productivos de nuestra economía, complica la ya de por sí difícil vida del español medio, de manera innecesaria, absurda y, en ocasiones, cruel”, aseguró. En este sentido, recordó que las comunidades autónomas han producido el 76,6% de las 500.000 normas aprobadas por todas las administraciones públicas en los últimos 45 años, por lo que el vicepresidente detalló que en 2022 y 2023, la producción de páginas de boletines oficiales superó el millón anual, 300 metros de papeles, 2 veces la altura de la pirámide de Keops.
Pollán dejó claro que el Gobierno de coalición de la presente legislatura gobernará para “todos los castellanos y leoneses”, y señaló que lo hará “como no puede ser de otra manera, con un programa político, expresado en el acuerdo entre VOX y PP”. Una acción política que se guiará por los términos y condiciones del pacto, que se conjuga en 324 medidas y 62 páginas que incluyen 2 conceptos vitales: la prioridad nacional y la desregulación, compromiso, éste último, que busca hacer frente al «monstruo voraz de la hiperregulación».
Pollán incidió en que sólo se podrá retener a los jóvenes en Castilla y León “si les damos razones reales para quedarse”, motivo por el que ha recalcado su compromiso con las políticas que sitúan a los jóvenes en el centro, como son la educación de calidad, el empleo digno y la vivienda accesible, entre otras.
Prioridad nacional
La acción de Gobierno de la presente legislatura estará inspirada, de igual forma, por la prioridad nacional, un concepto mollar para la Consejería y que supone un avance y un éxito. “Consideramos haber abierto un debate político y social alrededor de la prioridad nacional”, apuntó Pollán, quien aclaró que, a partir de ahora, el “acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en dicho principio”, pero siempre “adecuado a la legalidad vigente”.
El vicepresidente primero trasladó que la prioridad nacional igualmente ha de servir como “principio informador de la política migratoria. Que Castilla y León, igual que el resto de España, sea tierra de acogida no significa que aquí quepa todo el mundo. No es cierto que España tenga una deuda contraída con ningún país por haber exportado emigrantes en el pasado. En el improbable caso de que así fuera, hace tiempo habríamos saldado la deuda. Y con creces”, remarcó.
Además, el vicepresidente primero afirmó durante su comparecencia en las Cortes que las puertas estarán abiertas para los jóvenes de la región, tanto los que permanecen en la comunidad autónoma como aquellos que se vieron obligados a buscarse un futuro fuera. “Castilla y León cuenta con una generación de jóvenes con talento, formación y capacidad. Jóvenes que se esfuerzan, que emprenden, que investigan, que cuidan, que participan, que sueñan y que luchan. Jóvenes que, sin embargo, enfrentan serias dificultades para desarrollar su vida aquí”, señaló.
Materia migratoria
“La Junta rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno central y se opondrá por todos los medios legales, políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. No participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Castilla y León”, recordó Pollán a tenor del pacto de gobierno de fecha 3 de junio.
El vicepresidente primero remarcó que el conjunto de acciones y medidas se implementarán bajo la estricta legalidad existente, como es el caso de la devolución de los menores no acompañados a sus países de origen. Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales, promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres.
También anunció la supresión de todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas: “ni un euro de los castellanos y leoneses saldrá de su bolsillo para fomentar el efecto llamada”. Además, no se habilitarán nuevos centros de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes, lo que se une al refuerzo de los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como de la seguridad de los trabajadores.
Pollán destacó que su Consejería instará a la Fiscalía de Menores a la realización de pruebas forenses de determinación de edad para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios. Dichas pruebas son imprescindibles porque, “aún siendo menores, si damos por buena una edad inferior a la que tienen, se garantizan un fraude a futuro al poder permanecer en los centros tiempo después de cumplir la mayoría de edad”. A mayores, puntualizó que estas pruebas funcionan como medida de protección.
Familia
El apoyo económico directo a las familias con el objetivo de reducir el coste de tener hijos; el logro de una conciliación real para que trabajar y formar una familia sea compatible; y el impulso y la innovación en la mediación familiar y prevención de conflictos centrarán las líneas de actuación en materia de familia los próximos 4 años.
Para ello, el vicepresidente primero trasladó que se procederá al incremento progresivo de la cuantía del Bono Nacimiento, según renta y número de hijos, reforzando el acompañamiento a las familias desde el primer momento; y anunció que, de acuerdo con el principio de simplificación administrativa, el importe del Bono Nacimiento se abonará de una sola vez, y no en 2 partes, como venía haciéndose hasta ahora.
Pollán detalló que se mantendrá el Bono Concilia para familias con menores de 0 a 3 años, junto a la ampliación del alcance del Bono Infantil, elevando los umbrales de renta para que llegue a más familias y permita el acceso a actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio fuera del horario escolar. Además, se implementarán medidas en el Programa Conciliamos y perdurarán los programas Madrugadores y Tardes en el Cole.
Al margen de estas líneas de actuación, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales llevará a cabo una serie de políticas para proteger a aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Así, comparó la Renta Garantizada de Ciudadanía con el Ingreso Mínimo Vital, al dibujar “2 maneras distintas y contradictorias de entender las ayudas sociales”.
“Nuestro objetivo es trabajar en garantizar el derecho a la integración social de las personas en riesgo de exclusión social. Para lograrlo, es necesario que el apoyo económico proporcionado por la Renta Garantizada de Ciudadanía esté vinculado al cumplimiento de obligaciones y compromisos pensados para superar la situación de exclusión social”, acotó en su intervención, y aclaró que este modelo se contrapone al del Ingreso Mínimo Vital, cuya percepción no está condicionada al cumplimiento de obligaciones tendentes a la inserción sociolaboral, ni a garantizar la asistencia de los menores a clase, ni a participar en procesos formativos que mejoren sus posibilidades de acceder a un empleo, ni a aceptar ofertas de trabajo.
Infancia y juventud
Por otro lado, Pollán expresó el compromiso por mejorar el programa de acogimiento familiar, incrementando los recursos destinados a la captación, formación, valoración y acompañamiento técnico de familias acogedoras. También se desarrollarán distintas líneas de trabajo centradas en la formación, la retención de talento y el ocio y tiempo libre. “Proporcionaremos a los jóvenes de Castilla y León el acceso a una formación complementaria que facilite su acceso al mercado laboral”, porque esta comunidad autónoma, añadió, tiene enormes posibilidades en el ámbito del ocio y tiempo libre, ofreciendo un contexto favorable para consolidar este sector como un importante motor de empleo juvenil.
El vicepresidente primero también avanzó el cambio de denominación del Comisionado Regional para la Droga por el de Comisionado para las Adicciones. En esa línea, se actualizará y fortalecerá la normativa en esta materia para dar respuesta a los nuevos patrones de consumo y a las adicciones comportamentales o sin sustancia, garantizando una adecuada protección de la salud pública, especialmente de los menores y colectivos vulnerables, y favoreciendo la adaptación de las políticas públicas a la realidad social emergente.
Con ello se aporta una continuidad a las acciones ya llevadas a cabo por esta Consejería a través de la red de prevención de adicciones y utilización problemática de las pantallas y de la red de atención a las adicciones en Castilla y León. El objetivo es consolidar un modelo de atención a la infancia y a la adolescencia más preventivo, especializado, estable y centrado en el interés superior del menor, según explicó.
De igual forma, Pollán no ha pasado por alto un problema de primera magnitud que afecta directamente a los trabajadores sociales de los centros de protección residencial, como son las amenazas y agresiones físicas por parte de los menores internados.
Es el caso del Centro de Menores Zambrana, en Valladolid, razón por la que el vicepresidente primero ha anunciado el refuerzo del funcionamiento interno de los centros. Así, se mejorará la calidad asistencial y la seguridad de los centros, además de establecer criterios homogéneos de dotación profesional adecuados a la capacidad y características de cada recurso, ha aseverado.
Con esta hoja de ruta, la Vicepresidencia Primera y la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales reafirman su compromiso con una política basada en la prioridad nacional, de modo que los recursos públicos y las ayudas sociales se orienten preferentemente a los castellanos y leoneses. Asimismo, impulsará una política migratoria más firme, centrada en combatir el fraude, reforzar el control de la inmigración ilegal, promover el retorno de quienes no cumplan los requisitos para permanecer en España y oponerse a cualquier mecanismo que favorezca el efecto llamada, al tiempo que avanza en la simplificación administrativa, el apoyo a las familias y la protección de la infancia y la juventud.
Castilla y León Económica
