Castilla y León posee la legislación más atractiva para business angels de todo el territorio nacional, “tanto por cuantía como por permitir la coinversión a través de una sociedad limitada”, sostiene Santiago Rodríguez, socio-director de la oficina vallisoletana de Robher Asesores, compañía que, conjuntamente con Garrigues, ha elaborado un documento encargado por Alentia y Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) que pone de manifiesto la situación de liderazgo que ostenta nuestra región en este ámbito.
Cabe recordar que la deducción para el fomento del emprendimiento tiene como misión facilitar la financiación a las empresas mediante la incorporación de nuevos socios que aporten capital a la sociedad, por cuya aportación van a disfrutar de una importante deducción en su IRPF.
Incentivos poco conocidos
Rodríguez asegura, además, que “se trata, desgraciadamente, de incentivos poco conocidos, que actualmente poca gente está aprovechando cuando representan un fantástico aliciente a la hora de invertir y permite ofrecer a las empresas una nueva fuente de financiación, obteniendo capital para poder desarrollar o relanzar un proyecto empresarial”.
No obstante, en el caso de Alentia se ha demostrado que una promoción activa de estos incentivos “consigue los efectos esperados, ya que más del 70% de los inversores que ha participado en inversiones promovidas por nuestra entidad, y que tenían derecho a la deducción, se la han aplicado”, señala Javier Cid, gerente de Alentia.
En la comparativa, se puede comprobar como Castilla y León posee el límite más elevado de deducción sobre la cuota íntegra de renta (lo que implica menos cuantía a pagar o más a devolver en función del resultado de cada declaración) entre las diferentes comunidades autónomas del territorio nacional.
Inversores
Sin embargo, mientras la legislación estatal limita la posición de los inversores por no permitirles que ejerzan la misma activad que la sociedad en la que participan, en Castilla y León esto por suerte, no ocurre. “Parece ilógico que empresarios o directivos con experiencia en una actividad o sector no pueda aportar sus conocimientos y poder participar en una inversión de su mismo sector”, sostiene el socio-director de la oficina vallisoletana de Robher Asesores.
Exige además nuestra región que los inversores, bien a título individual o a través de una sociedad, sólo puedan adquirir un máximo del 40% de la empresa en la que invierten, obligándose a mantener esta inversión durante un mínimo de 3 años.
“Mientras el cumplimiento de la legislación nacional es realmente difícil, agradecemos el esfuerzo efectuado por la Junta de Castilla y León para sensibilizarse con la situación de pequeñas y medianas empresas en nuestra región permitiendo con estas nuevas figuras de inversión y las deducciones que llevan aparejadas que nuestras empresas adquieran un tamaño mayor que les permita subsistir en el mercado con mayor capitalización y mejor gestión empresarial”, apunta Rodríguez.
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