Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias deberán contar con al menos el 51% de las producciones afectadas en todas y en cada una de las ramas profesionales, como son la producción, transformación y la comercialización.
Así lo explicó Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, tras el Consejo de Gobierno en el que se dio el visto bueno al Decreto que regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias “como órgano de interlocución y toma de decisiones entre todos los agentes de la cadena de valor”, a lo que se suma la extensión de las normas que integran sus acuerdos y la creación de un registro de estas organizaciones.
El primer ejemplo de esta nueva ordenación del sector, que busca unas mejores condiciones de mercado y velar por la calidad del producto, será la inmediata creación de la interprofesional de la patata.
Requisitos
Según precisó la consejera, se considerarán organizaciones interprofesionales las que cumplan los requisitos establecidos en la Ley Agraria: personalidad jurídica propia y no tener ánimo de lucro, representar para uno o varios sectores o productos un grado de implantación significativa, que el ámbito de referencia que abarque el conjunto de la producción sea autonómica, y que cuenten con unos estatutos de creación.
En concreto, los acuerdos que pueden alcanzarse en el ámbito de las organizaciones profesionales deben referirse a reglas relacionadas con la calidad de los productos, así como su normalización, acondicionamiento y envasado, o con normas de producción más estrictas que las establecidas por normativa nacional o europea y mejora del funcionamiento del mercado de productos agrarios con derecho al uso de denominaciones geográficas de calidad u otras figuras de calidad diferenciada de productos agroalimentarios.
También se incluye la mejor protección del medio ambiente; la mejor información y conocimiento sobre las producciones y los mercados; acciones promocionales; medidas para promover la investigación tecnológica; y la elaboración de contratos tipo compatibles con las distintas normativas nacionales y europeas.
Estas organizaciones interprofesionales agroalimentarias podrán solicitar a la Consejería de Agricultura y Ganadería la extensión de todas o alguna de las normas del acuerdo o acuerdos que adopten, al conjunto de productores y operadores del sector o producto en Castilla y León.
Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias presentarán la solicitud para la adopción de las distintas normas de los acuerdos a la Consejería de Agricultura y Ganadería, que estudiará la solicitud y la publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para que se puedan realizar alegaciones. Tras este proceso, la Junta de Castilla y León aprobará, mediante decreto, la solicitud de extensión de normas, “que no podrá tener una duración superior a 3 años o campañas”.
Registro de Explotaciones Agrarias
El Consejo de Gobierno aprobó también el Decreto que regula el registro de explotaciones agrarias de Castilla y León, en el que por primera vez estarán inscritas de forma “obligatoria y gratuita” todas las explotaciones agrícolas y ganaderas de la región, un trámite que se ha iniciado ya de oficio.
Según Clemente, con ello se unifican los 35 diferentes registros que hasta ahora existían en función de las distintas actividades u orientaciones de cada explotación.
El Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León se convierte en el instrumento a utilizar para comprobar la obligatoriedad que establece la normativa nacional y comunitaria de estar inscrito en un registro para ejercer la actividad agraria y ser perceptor de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y de otras ayudas agrarias de ámbito autonómico.
Para Clemente, este Registro, que desarrolla la Ley Agraria, supone “aspectos positivos muy destacados” como que será “imprescindible” para recibir las ayudas agrarias tanto de la comunidad autónoma como de ámbito europeo.
Castilla y León Económica / Europa Press
