Emiliano Alonso, presidente de la Confederación Castellano Leonesa de la Construcción (CCLC), propone a las instituciones públicas 3 grandes medidas para dinamizar el sector y la economía regional. La primera de ellas es la exigencia del cumplimiento de la Ley Autonómica del Derecho a la Vivienda; la segunda, la remodelación de los contratos de financiación público-privada para que los proyectos que funcionan con este sistema “no tarden 2 años en aprobarse, como en la actualidad”; y la tercera, luchar “con todas nuestras fuerzas” contra la economía sumergida.
En una entrevista concedida a Castilla y León Económica, el presidente de la patronal regional de construcción recuerda que la normativa sobre Derecho a la Vivienda obliga a los ayuntamientos a realizar inspecciones técnicas en edificios de 40 años o más. “La rehabilitación de una vivienda supone la creación de 2 puestos de trabajo y hay que tener en cuenta que en España hay 700.000 edificios pendientes de reformar”, apunta. En palabras de Alonso, se trata de una medida “perfectamente factible, ya que cumple con todas las premisas para ser considerada inversión público-privada que no computaría como déficit, un aspecto clave”.
Sobre su segunda gran propuesta, Alonso apuesta por agilizar los contratos de financiación público-privada y hacerlos más asequibles para las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Castilla y León, responsables del 95% del empleo. “Esta financiación tampoco computa como déficit y es un sistema que permitiría la puesta en marcha de inversiones productivas programadas y paradas años atrás de pago por utilización. Por ejemplo, las estaciones depuradoras y la regeneración urbana de viviendas e infraestructuras”.
El tercer punto, no sólo aplicable a la construcción, es la reducción de la economía sumergida. “Nuestro sector no tiene unas tasas superiores a otros en este ámbito, pero CCLC se ha preocupado de buzonear por 200.000 hogares de Castilla y León una campaña de información al ciudadano para que las obras menores y de reparación las realice una empresa que cumpla con las condiciones de seguridad, tenga a sus trabajadores dados de alta y dé garantías de ese trabajo realizado”, indica Alonso.
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