Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo, inauguró este viernes la jornada Situación de la Economía Social en Castilla y León, organizada por la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid. Durante la sesión, se presentó el avance de las conclusiones alcanzadas en el estudio sobre la monetización del impacto socioeconómico de los principios y valores de la economía social en Castilla y León. El avance de datos obtenidos para Castilla y León evidencia el valor diferencial que aporta ésta, que genera unos beneficios totales de 1.067 millones de euros anuales. Esta cifra es equivalente al 1,5% del PIB regional.
Los beneficios monetarios se distribuyen entre familias, administraciones públicas y empresas. Las familias se benefician de 683 millones de euros, fundamentalmente en concepto de rentas salariales netas, las administraciones públicas, de 297 millones procedentes de ingresos fiscales y cotizaciones sociales, cifra a la que hay que sumar otros 47 millones de euros en beneficios indirectos, como el ahorro en prestaciones de desempleo y menores costes de reemplazo de trabajadores; y finalmente, las propias empresas de la economía social obtienen 39 millones de euros en concepto de bonificaciones de cuotas.
El documento, elaborado por la consultora Abay Analistas Económicos, con una larga experiencia en el análisis de este sector, ha sido impulsado y financiado por la Junta de Castilla y León a través de la Cátedra, con el fin de suplir la carencia de datos estadísticos y cuantitativos sobre el impacto socioeconómico de los principios y valores de la economía social en Castilla y León.
Vertebración territorial
El informe pone también de manifiesto que la economía social se reafirma como una herramienta crucial para la cohesión social y la vertebración territorial y concluye que, si las entidades de la economía social abandonasen sus principios para comportarse con los principios exclusivos de la economía mercantil tradicional, se producirían grandes impactos negativos en la cohesión social y territorial.
En este supuesto, más de 11.000 personas pertenecientes a colectivos con dificultad de acceso al empleo perderían su puesto de trabajo con un impacto económico superior a los 309 millones; unas 6.500 personas dejarían de tener una relación laboral estable y una mayor dependencia de las prestaciones y subsidios por desempleos, con un impacto económico de 209 millones de euros.
Igualmente, se agrandaría la brecha salarial de género, de modo que más de 19.000 trabajadoras la verían incrementada y, más de 43.000 percibirían un menor salario. La monetización de este impacto sobre la igualdad se estima en 90 millones de euros.
Se produciría también una importante reducción de la oferta de servicios, con la pérdida de cerca de 10.000 empleados en servicios relacionados con los cuidados y 3.300 en servicios educativos, cuyo impacto se estima en 411 millones de euros. La repercusión sería especialmente severa en el medio rural y poblaciones intermedias, estimándose que unas 2.600 personas tendrían que desplazarse a zonas urbanas para cubrir sus necesidades de servicios básicos.
Tal y como señaló la consejera, estos datos reflejan el protagonismo de la economía social en Castilla y León y el éxito de las políticas públicas que viene desarrollando la administración autonómica para impulsar y fortalecer este modelo económico y empresarial, que desempeña un papel esencial tanto desde el punto social como económico, contribuyendo a la cohesión y a la vertebración territorial.
En este sentido, la titular de la Consejería recordó que el compromiso de la Junta con este ámbito tiene su reflejo en un apoyo institucional y económico permanente con un incremento presupuestario de un 49% desde el inicio de la legislatura y una inversión cercana a los 83 millones de euros en políticas de fomento de la economía social durante los 2 primeros años de vigencia del Plan de Fomento de la Economía Social 2023- 25.
A este apoyo económico directo a las empresas de la economía social se suma el esfuerzo por dar visibilidad y reconocimiento social a la labor que desempeñan estas entidades mediante la divulgación de su aportación y la promoción de sus principios y valores, fuertemente vinculados a la igualdad de oportunidades, el desarrollo local, la inclusión social, o la generación de empleo estable. Jornadas como ésta, explicó la consejera, pretenden contribuir también a promover ese objetivo.
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