La familia Ruiz-Mateos emprendió en 2009 un proceso de traspaso de parte del negocio de las empresas españolas a sociedades radicadas en paraísos fiscales –Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, EE UU, Andorra y Chile– para evitar una expropiación de Nueva Rumasa como la ocurrida en 1983, de la que este jueves se cumplieron 29 años, según se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).
Con este objetivo, los propietarios de holding de la abeja también utilizaron a 27 testaferros para ponerlos al frente de las 149 sociedades, tanto patrimoniales como pertenecientes al grupo Nueva Rumasa, en España y 9 países extranjeros.
Los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil sitúan a Alfonso Barón Rivero, sobrino de Teresa Rivero Alfonso, como el responsable de la estructura societaria de Nueva Rumasa en el extranjero, por lo que declarará el próximo 29 de febrero como imputado ante la Audiencia Nacional.
Trapa pide anular el contrato de Pablo
Por otra parte, la administración concursal de Chocolates Trapa ha pedido la nulidad del contrato indefinido de Pablo Ruiz-Mateos en la empresa por considerar que era “simulado”, mientras que la abogada del hijo del fundador de Nueva Rumasa ha vuelto a demandar la improcedencia de su despido.
Pablo Ruiz-Mateos, que reclama su readmisión o una indemnización de 45 días por año trabajado, tenía un salario bruto mensual de 15.447,13 euros en Trapa, donde firmó un contrato por tiempo indefinido el 20 de abril de 2011, unos días antes de que la empresa solicitara concurso voluntario de acreedores.
Según consta en su demanda, la administración concursal comunicó a Ruiz-Mateos el pasado 4 de noviembre el despido disciplinario por su “ausencia injustificada” al trabajo, lo que, a juicio de los administradores, constituye una “falta muy grave”. En el juicio, éstos han ido más allá al defender la “simulación absoluta” del contrato, dado que el hijo del empresario gaditano no había cobrado ninguna nómina ni había prestado servicios y sólo estaba dado de alta en la Seguridad Social, según las mismas fuentes. “Es un contrato con causa ilícita”, dijeron.
Europa Press / Castilla y León Económica
