La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) anunció este martes que llevará a cabo “todas las acciones judiciales” posibles, incluidos los recursos ante el Constitucional y el Tribunal de Justicia Europeo, contra la aplicación de la ecotasa, un nuevo impuesto diseñado por la Junta para gravar el daño medioambiental derivado de la generación de energía eléctrica con recursos renovables.
La agrupación profesional se remite a sentencias previas del Tribunal Constitucional, en las que impide a otras comunidades autónomas establecer tributos similares, para argumentar que “no es comprensible” que se penalice “la manera de generar energía más respetuosa con el medio ambiente”.
“La perplejidad llega a su máxima expresión cuando comprobamos que este impuesto, que teóricamente grava la afección medioambiental en la generación de energía eléctrica, deja fuera del mismo a la energía procedente de las centrales térmicas que usan como combustible la quema de carbón. Aparentemente, para los autores de esta Ley, estas actividades no suponen ningún tipo de afección medioambiental digno de ser gravado, como sí lo son las energías hidráulica y eólica”, expone Apecyl.
Fuga de proyectos
El colectivo de promotores eólicos teme que se produzca un desplazamiento de inversiones ya comprometidas y puestos de trabajo desde Castilla y León hacia otras regiones que no apliquen la ecotasa, en un momento de especial dificultad económica y en el que el Gobierno central acaba de acordar la moratoria indefinida del régimen de primas a las renovables.
“Constatamos que las otras 2 comunidades autónomas que establecieron un impuesto similar -Galicia y Castilla-La Mancha-, han sufrido desde entonces la práctica paralización de nuevos proyectos en sus territorios. No queremos que eso nos pase aquí”, argumenta Apecyl, que advierte que quienes finalmente van a acabar pagando el impuesto son los castellanos y leoneses mediante “una nueva subida de su tarifa eléctrica”.
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