La Junta de Castilla y León podrá contabilizar en los Presupuestos los 1.052 millones abonados el pasado mes de junio por las facturas atrasadas con empresas que realizaron obras, servicios o suministros para la Administración tras aprobar este jueves el Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Concesión de un Crédito Extraordinario y un Suplemento de Crédito derivado del plan de pago a proveedores.
El plan diseñado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y al que finalmente decidió adherirse el Ejecutivo autonómico se materializó en un crédito a 10 años con 11 bancos y cajas de ahorro, que se canalizó a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Acogerse a esta fórmula de cobro era voluntario. En Castilla y León optaron por el sistema 2.137 proveedores de la Junta, a los que las entidades financieras prestamistas abonaron 1.052 millones de euros entre el 27 y el 28 de junio. A cambio de esta inyección de liquidez la Administración regional se comprometió a pagar un tipo de interés variable, que se revisará cada trimestre.
“Es preceptivo que esta operación se refleje en el Presupuesto de la Junta vigente, algo que debe llevarse a efecto antes del 31 de diciembre de este año. O lo que es lo mismo, es preciso imputar a las cuentas de la comunidad las obligaciones que ya han sido satisfechas, por un importe superior a los 1.000 millones. Será posible gracias al proyecto de ley aprobado hoy, que por una parte habilita un crédito extraordinario y por otra un suplemento de crédito, de modo que se puedan asignar recursos a partidas presupuestarias o incrementarlas cuando resulten insuficientes”, explicaron fuentes de la Junta.
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