Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, ha hecho entrega esta mañana de una placa de reconocimiento a 74 organizaciones de Castilla y León por su esfuerzo en la gestión ambiental. De ellas, 21 por implantar voluntariamente en sus organizaciones el sistema de gestión y auditoría medioambiental EMAS, reglamentado por la Unión Europea, que evidencia una relación positiva entre economía y medio ambiente. Las otras 53, por obtener su autorización ambiental en 2016. El acto se ha celebrado en el transcurso de la jornada Empresas y Medio Ambiente, que se enmarca en el desarrollo de la II Estrategia de Educación Ambiental.
Entre las organizaciones que se someten voluntariamente al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental, EMAS, figuran, entre otras, la farmacéutica GSK y su centro de Aranda de Duero; energéticas, como Iberdrola, la central térmica de Anllares, Gas Natural Fenosa y Endesa en León; cementeras, como Cementos Portland; agroalimentarias, como Acor, San Miguel y Leche Celta; e incluso administraciones y empresas públicas, como el Ayuntamiento de Ponferrada (León), la Fundación Patrimonio Natural y el Grupo Tragsa.
El sistema EMAS, regulado por el reglamento CE 1221/2009, promueve que todo tipo de organizaciones utilicen sistemas de gestión medioambiental para reducir sus impactos ambientales adversos, optimizar sus procesos de producción y mejorar la eficiencia del uso de los recursos y su imagen pública. En este sentido, existe un logo EMAS como herramienta de marketing, que proporciona más oportunidades de negocio en mercados donde los procesos de producción ecológicos son importantes y mejora también la relación con los clientes, con el entorno local y con la administración.
Además, Suárez-Quiñones ha reconocido también a las 53 empresas que han obtenido su autorización ambiental en 2016, requisito indispensable para explotar la totalidad o parte de la instalación. En Castilla y León hay 784 instalaciones que cuentan con autorización ambiental, de las que 528 son ganaderas. En este régimen se encuentran las empresas productivas con mayor volumen de facturación de la región, con una cifra anual superior a los 13.000 millones de euros. La autorización ambiental supone la creación de un centro importante de producción y paralelamente de empleo, ya que los centros de menor entidad no requieren esta autorización.
De las 53 empresas que han obtenido la autorización este año, 46 están relacionadas con el sector agroganadero y las 7 restantes son instalaciones relacionadas con la gestión de residuos, fabricación de cemento y productos farmacéuticos.
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