El Consejo de Cámaras de Comercio Industria y Servicios de Castilla y León ha mantenido este martes un Pleno virtual, en el que se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19. Durante su desarrollo, se ha aprobado “por unanimidad” el Presupuesto de la institución para el presente ejercicio (284.000 euros), así como el Reglamento de Régimen Interior del Consejo, entendido como el documento que rige el funcionamiento interno del órgano, que está estructurado en ocho capítulos, 38 artículos y dos disposiciones finales, y que alberga la naturaleza, finalidad, funciones del Comité Ejecutivo y Pleno, ámbito territorial y comisiones consultivas, entre otros.
El Pleno, contó con la presencia de la Consejera de Empleo e Industria de la Junta, Carlota Amigo, quien se puso a disposición de la red cameral y destacó el “papel esencial que juegan estas entidades en el desarrollo económico de la comunidad autónoma”.
Por su parte, Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León, ofreció a Amigo “la lealtad y el trabajo constante en favor del tejido empresarial de los plenarios” y señaló que “en tiempos de turbulencias como en los que nos encontramos” es necesario “poner a la empresa en el centro de la recuperación económica basándose en la confianza en el mundo empresarial, la contundencia en las medidas que deben ponerse en marcha y en la necesaria cooperación público privada”.
Reconstrucción de Castilla y León
En este sentido, la consejera invitó a los miembros del pleno del Consejo de Cámaras a participar activamente en la reconstrucción de Castilla y León para garantizar un futuro de prosperidad a esta tierra. “Queremos contar con vosotros”, les trasladó, tras recordar que en la esfera política continúan los trabajos para avanzar en un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas.
Asimismo, Amigo reclamó el apoyo de las entidades camerales a las reivindicaciones planteadas por la Junta al Gobierno de la nación para defender conjuntamente los intereses de esta Comunidad. Entre ellas, se refirió a la necesidad de realizar una distribución justa y suficiente de los fondos estatales y europeos habilitados para hacer frente a la emergencia del COVID-19; de exigir la devolución de los 80 millones de euros detraídos de las políticas activas de empleo, y de solicitar la puesta en marcha de planes de apoyo específicos para la industria de la automoción, el comercio y la hostelería, entre otros sectores.
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