El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó el pasado jueves a Global Exchange la suspensión de su autorización para prestar servicios de cambio de moneda extranjera en los aeropuertos internacionales del país, una actividad que a partir de ahora corresponderá en exclusiva a las entidades financiera públicas.
La empresa familiar salmantina presidida por Isidoro J. Alanís está presente en este país desde 2002, con 11 oficinas ubicadas en Buenos Aires, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Tucamán y una plantilla de un centenar de trabajadores. Éstos son, según sus responsables, la principal preocupación de la compañía, ya que sus puestos de trabajo pueden verse afectados como consecuencia de esta medida.
Asimismo, destacan la trayectoria de la firma, que cuenta con un alto nivel de satisfacción, ya que con cerca de 5 millones de clientes atendidos, sólo 7 de cada 100.000 presentó alguna queja. Además en los 11 años en el país, no ha recibido ninguna sanción o procedimiento sancionador por parte de los organismos reguladores argentinos.
Consecuencias
Para los responsables de Global Exchange, esta resolución obligará a los millones de turistas que visitan Argentina cada año a utilizar los servicios de entidades públicas, un monopolio que supondrá una disminución de la oferta y la calidad y, como consecuencia, el riesgo de un incremento de los mercados cambiarios ilegales, en los que la falsificación de billetes es cada vez más habitual.
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