Este jueves entra en vigor el Real Decreto que desarrolla la nueva legislación que pretende evitar la descarga ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor en Internet, conocida popularmente como Ley Sinde-Wert, en referencia a los 2 ministros implicados en su aprobación -Ángeles González-Sinde, del PSOE, y José Ignacio Wert, del PP-.
Este Real Decreto pone en marcha la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, compuesta por un grupo de funcionarios cuyos nombres aún se mantienen en secreto, pertenecientes a los ministerios de Educación, Cultura y Deporte; Industria, Energía y Turismo; Economía y Competitividad, y Presidencia.
Cierre de páginas web
Dicha Comisión servirá de puente entre los propietarios de los derechos de autor y los dueños de las páginas webs, con la intención de “restablecer la legalidad en Internet”. Los miembros de este organismo tendrán poder para solicitar la retirada de contenidos e incluso el cierre de las páginas que los alojen o enlacen sin permiso de los titulares.
El proceso siempre comenzará a partir de una solicitud del titular de estos derechos de autor, y en este instante la Comisión actuará si considera que la web denunciada tiene ánimo de lucro o ha causado un daño patrimonial. Se inicia así un proceso administrativo que puede durar en torno a 20 días y en el que el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo tendrá que pronunciarse hasta en 2 ocasiones si los dueños de la página no acuerdan la retirada de contenidos.
Una vez aceptada a trámite una solicitud, se pide al juez una autorización para identificar al responsable, con el que se contactará para informarle de la situación. Éste dispondrá de 48 horas desde ese momento para retirar contenidos o presentar alegaciones. Después hay un plazo de deliberación, tras el cual si la Comisión cree que hay vulneración solicita de nuevo la intervención judicial, quien en última instancia decide sobre la interrupción o retirada.
Por último, la ejecución de esta decisión judicial puede ser voluntaria o forzosa, en cuyo caso se solicitará -al igual que a la hora de identificar- la colaboración del prestador de servicios de Internet -empresas de telecomunicaciones-.
Punto de inflexión para la descarga de contenidos
Desde el cierre de Megaupload por la intervención del FBI, las páginas más populares en España de servicios de descargas y streaming, como Series Yonkies, llevan un tiempo retirando enlaces. Sin embargo, este jueves llega su verdadera fecha límite.
Recurso de los internautas
A pesar de la entrada su entrada en vigor, el Real Decreto tiene aún por resolver un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Internautas ante el Tribunal Constitucional para solicitar su impugnación y suspensión cautelar. Basándose en las protestas manifestadas en la Red y en la calle, el documento alerta de la posible inseguridad jurídica derivada de la normativa, “que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos, en concreto, libertad de expresión y la libertad de información”.
Primera denuncia
El músico y miembro de la Sociedad General de Autores (SGAE) Eme Navarro fue el primero en poner a prueba la supuesta “ineficacia” de la norma el mismo día de su entrada en vigor. A la 9 horas de este jueves presentó una denuncia ante la Sección Segunda de la comisión de la Propiedad Intelectual contra 210 portales web por enlazar una de sus canciones con copyright compuesta expresamente para esta acción, ya que el músico compone fundamentalmente obras libres de derechos.
Esta iniciativa forma parte del proyecto promovido por la organización Hacktivistas.net y su página web wertdeenlaces.net, que animaba a los usuarios a compartir enlaces para saber cómo actuaría la nueva norma legal.
Europa Press / Castilla y León Económica
Je. Ahora hasta Castilla y León Económica incumple esta nueva Ley, puesto que enlaza a una pagina que tiene enlace a descargas, y lo hace con animo de lucro (usa la noticia para que veamos su web y su publicidad, de la que obtiene ingresos).