El decreto sobre desahucios se centra en ancianos, discapacitados y familias numerosas

Gobierno y PSOE acercan posturas pero chocan ante la petición de la oposición para reformar la legislación hipotecaria
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y portavoz del Gobierno.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y portavoz del Gobierno.

Gobierno y PSOE prosiguieron este martes sus reuniones para buscar soluciones al problema de los desahucios y avanzaron en la definición de los 3 colectivos cuyos intereses tratará de salvaguardar el decreto de medidas urgentes que el Consejo de Ministros prevé aprobar este jueves: ancianos, discapacitados y familias numerosas.

La propia Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Ejecutivo central, indicó que se trata de un decreto con las medidas “más perentorias y más urgentes” que se aprobará aunque no se logre un acuerdo con la oposición porque en este momento los ciudadanos demandan soluciones “con cierta agilidad”.

“Estamos avanzando. El Gobierno quiere aprobar un decreto ley con las principales medidas más urgentes el jueves para dar seguridad a toda la gente que lo está pasando mal en un momento tan difícil. Y trabajaremos hasta el último momento para llegar a un acuerdo que pensamos que es bueno por el asunto en cuestión y también porque es bueno que trabajemos todos en colaboración”, señaló la vicepresidenta en los pasillos del Congreso al finalizar la primera sesión de votaciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 en el Pleno.

Puntos de fricción

Aunque el Gobierno asegura tener “voluntad negociadora” para llegar a un acuerdo con el PSOE, los cambios en la legislación hipotecaria que proponen los socialistas están siendo el principal escollo para llegar a un acuerdo sobre este asunto.

Y es que el PSOE ya ha avisado que no le valdría cualquier acuerdo porque lo que quiere es, además de medidas a corto plazo para frenar los desahucios más inminentes, una reforma de la legislación hipotecaria que impida que estas situaciones puedan repetirse en el futuro.

En este momento, para lograr protección la casa hipotecada debe ser la residencia habitual de la familia y su valor no debe superar los 200.000 euros en las grandes ciudades ni los 120.000 en las poblaciones de menor tamaño.

Europa Press / Castilla y León Económica

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