Invest in Spain -departamento vinculado al ICEX– y el despacho de abogados Garrigues acaban de publicar la Guía de Negocios en España 2012, documento especialmente orientado al inversor extranjero interesado en establecerse en el país, con información detallada sobre el sistema fiscal, las ayudas e incentivos a la inversión, la actual legislación laboral y los regímenes de la Seguridad Social, la propiedad industrial e intelectual, el marco jurídico y las implicaciones fiscales del comercio electrónico.
Según el Registro de Inversiones Exteriores, España es el noveno mayor receptor mundial de Inversión Extranjera Directa (IED) en términos de stock, con más de 11.000 empresas foráneas que dan empleo a casi 1,5 millones de personas. “Para que una inversión se lleve a cabo de forma efectiva en nuestro país se requiere un proceso medio de maduración que ronda los 2 años. Como contrapartida a este largo transcurso inicial, las consecuencias que las inversiones foráneas producen sobre la economía en términos de creación de riqueza y empleo son estables y a largo plazo”, explican los responsables del análisis para justificar la importancia de la información recopilada.
Novedades
En la nueva edición se recogen las principales novedades legislativas promovidas por el Gobierno. En materia laboral destacan el fomento de la flexibilidad interna en las empresas, los planes para promover el empleo o el recurso a mecanismos de regulación de empleo temporal o inaplicación temporal de condiciones de trabajo, “con el objeto de proporcionar a los empresarios herramientas útiles para responder a sus necesidades sin tener que recurrir a medidas de destrucción de empleo”.
Sobre la Administración, se explican los detalles del nuevo Fondo Estratégico de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas, destinado a promover la disponibilidad y renovación de este tipo de equipamientos; el refuerzo del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), con la aparición de nuevos programas (Innpronta, Innternacionaliza o Innvolucra); y la reformulación de las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para facilitar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Por último, en materia impositiva, se incluyen las últimas medidas legislativas aprobadas por el Ejecutivo central orientadas a equilibrar el presupuesto y consolidar las finanzas públicas.
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