El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios por haber rechazado ofertas de trabajo o haber incumplido los requisitos fijados para el acceso o su mantenimiento, lo que le ha permitido reducir el gasto en paro en 915,1 millones de euros hasta junio.
De esta forma, el número de prestaciones retiradas fue un 14,8% superior a la registrada en el mismo período de 2012 y supuso un ingreso para el Estado de 119 millones más que un año antes.
Éste es sólo uno de los efectos desplegados por Plan de Lucha Contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, aprobado en abril de 2012. Así, tomando todo el período de vigencia del Plan, la lucha contra el cobro indebido de prestaciones por desempleo permitió ahorrar hasta 3.160,7 millones de euros.
Inspecciones
Además, se llevaron a cabo 334.214 inspecciones en materia de empleo irregular, con las que se pudieron aflorar 130.512 empleos. En cuanto a la lucha contra las empresas ficticias, se realizaron 35.761 inspecciones en esta materia. Como consecuencia, se anularon 64.379 altas ficticias a partir de 3.523 infracciones.
Sólo en los 6 primeros meses de 2013 aumentaron un 30,5% las infracciones de empresarios por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo o por facilitar indebidamente el acceso a las mismas, detectadas por Empleo. Además, en estos 6 meses se realizaron 14.842 inspecciones, un 46,8% más, y se detectaron 1.964 infracciones (+146,3%).
Denunciar
Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, mostró su intención de actuar “con la mayor contundencia” contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social y enfatizó que “todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicarlo”.
Para ello, recuerda que la página web del Ministerio dispone de un buzón para que los ciudadanos puedan denunciar este tipo de conductas “fraudulentas e insolidarias” para que sean objeto de análisis y, en su caso, de investigación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Asimismo, en dicho buzón podrán presentar denuncias los trabajadores que sean objeto de fraude laboral y a la Seguridad Social, teniendo el servicio de inspección un deber absoluto de reserva de la indentidad del denunciante.
“Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de atajar un problema que nos concierne a todos, pero si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de colaborar en la lucha contra el empleo irregular y el fraude, para que la inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda actuar de inmediato, acabar con esta lacra será una tarea mucho más ardua”, sentenció Báñez.
Europa Press
