El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas envió este jueves cartas a 12 comunidades autónomas que incumplieron el objetivo de déficit en 2015, entre ellas Castilla y León, para que en un plazo de 15 días aprueben acuerdos de no disponibilidad de créditos y efectúen las retenciones necesarias para garantizar el cumplimiento de su objetivo de estabilidad presupuestaria, es decir, que no podrán gastar más de los presupuestado en 2016.
Con esto, el Gobierno inicia la aplicación del artículo 25.1 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que prevé que el Estado ejerza las competencias en materia de tributos cedidas a las comunidades autónomas, en caso necesario.
Cartas
Estas misivas, firmadas por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, instan a cumplir el déficit y dan 2 semanas a las comunidades autónomas para decir cómo lo lograrán, al tiempo que recuerdan que con el aumento de los recursos que tendrán en este ejercicio podría ser suficiente para corregir esta desviación sin tener “necesariamente” la obligación de recortar gastos en las cuentas del año corriente.
Las comunidades autónomas afectadas son: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia.
Las cartas establecen los mismos principios y medidas para estas 12 comunidades autónomas, aunque en cada una de ellas se detallan los datos de la financiación de que dispondrán para 2016 y el aumento de recursos que suponen en relación con los recibidos en 2015.
Medidas
Así, Montoro advierte de que el incumplimiento del plan de ajuste por parte de las comunidades autónomas y, por consiguiente, del objetivo de déficit para 2015, da lugar a la aplicación de las “medidas coercitivas” incluidas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Y en cumplimiento de la Legislación, el ministro aplica la primera de estas medidas coercitivas, la recogida el artículo 25.1. En la carta se detalla sólo una parte del apartado a de este artículo, la que dice que obliga a aprobar en el plazo de 15 días, a contar desde la recepción de la carta, los acuerdos de no disponibilidad de créditos y a efectuar la correspondiente retención de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Pero el citado artículo 25.1 incluye en la redacción completa de su apartado a otras medidas coercitivas que no cita expresamente la carta, pero que están en la Ley, según las cuales cada comunidad autónoma deberá “detallar” las medidas de “reducción de gasto” que va a llevar a cabo e identificar el crédito presupuestario afectado. Tampoco podrán revocar esas medidas en el año en curso, ni aprobar un incremento de gasto en “cuentas auxiliares” y tendrán un seguimiento específico de la información.
Y añade que “cuando resulte necesario” para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la UE, “las competencias normativas que se atribuyan a las regiones en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado”.
Las cartas suponen dar el primer paso en la aplicación de las medidas coercitivas para que las comunidades autónomas cumplan con los objetivos de déficit después de comprobar, con el cierre de 2015, que el déficit público español se había desviado en casi un punto por el incumplimiento de 12 comunidades autónomas.
Recursos
En estas cartas, Hacienda recuerda a las regiones que para aprobar estas medidas deben tener en cuenta los recursos del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de los que dispondrán en 2016 -a cada una le especifica los suyos-, que supondrán un incremento respecto a los recibidos en 2015, así como los ahorros en los costes financieros de los préstamos con cargo a mecanismos adicionales de financiación como el FLA o el fondo par el pago a proveedores.
Así, explica que esa financiación adicional facilitará a las comunidades autónomas cumplir con esa no disponibilidad de créditos y con la regla de gasto, sin que “necesariamente” tengan que reducir el gasto de 2016 respecto a lo ejecutado en el ejercicio anterior.
En el caso de Castilla y León, recibirá 5.985,73 millones del sistema de financiación, lo que supone 311,56 millones más que en 2015 y logrará 17,13 millones en ahorro de costes.
Castilla y León Económica / Europa Press
