La Junta de Castilla y León aprobará en las próximas semanas, para que entren en vigor en noviembre, diversas medidas relacionadas con los funcionarios autonómicos como la jubilación a los 65 años en el caso de la Administración General y Sanidad salvo que sean “aptos y necesarios” para el servicio. Hasta ahora “se prorrogaba casi automáticamente hasta los 70 el servicio activo si era su voluntad”, explicó Pilar del Olmo, consejera de Hacienda.
Uno de los objetivos de la iniciativa es que en algunos de los servicios esenciales “entre gente más joven, colectivo muy necesitado de trabajo, pero siempre dentro de las tasas de reposición que permite la normativa básica estatal”.
Asimismo, la Administración ha propuesto modificaciones en los descuentos por incapacidad temporal, la forma en que los trabajadores públicos pueden coger sus vacaciones y los concursos de traslado, en este caso para ganar en agilidad y flexibilidad.
Del Olmo planteó estas medidas a los sindicatos en el marco de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos junto a Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad, quien concretó también algunas medidas concretas para personal sanitario.
Europa Press / Castilla y León Económica
