El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León abordó este jueves la interposición de 8 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por la “vulneración” del derecho de defensa de la Administración regional en las últimas sentencias sobre el Impuesto de Sociedades del País Vasco.
Según explicó José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, con esta decisión se da “un paso más” en la defensa de las empresas de Castilla y León, puesto que el objetivo es “evitar que las diputaciones forales apliquen tipos fiscales reducidos a las compañías que operan en las 3 provincias vascas”, con lo que “se lograría que unas y otras compitieran en situación de igualdad”.
El portavoz de la Junta recordó que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco “ignoró” el mandato del Tribunal de Luxemburgo, es decir, eludió realizar las diligencias solicitadas por el Tribunal de Justicia de la UE -que habrían permitido dilucidar si Castilla y León estaba en lo cierto- y dictó sentencias sin más trámite, privando a la región de toda posibilidad de alegar y probar su postura.
Esta situación obligó al Gobierno autonómico a presentar 8 recursos de casación en 2009 y 2010 ante el Tribunal Supremo (TS).
Argumentos
Como argumenta la Junta desde 1996 las diputaciones vascas “favorecen” a las empresas asentadas en su territorio con un Impuesto de Sociedades inferior al vigente en las demás autonomías, así como con ventajas tributarias que no existen en el resto de España y que les permiten pagar menos.
En opinión de la Junta, se trata de un “claro ejercicio de competencia fiscal desleal que perjudica a las comunidades limítrofes, entre las que se encuentra Castilla y León”. Por eso el Ejecutivo regional ha intentado siempre impedir la aplicación de este tipo de normas forales.
Europa Press / Castilla y León Económica
