Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, reconoció este lunes que la planta nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el Valle de Tobalina (Burgos), está en estos momentos más cerca de no tener actividad que de tenerla y se confesó “muy preocupado” por el futuro laboral y económico de esta zona.
De este modo se pronunció Villanueva tras la reunión mantenida con los ejecutivos de Nuclenor con José Ramón Torralbo, director de la Central Nuclear, a la cabeza, y en la que los responsables del reactor burgalés le trasladaron su voluntad de reconducir la situación, una vez que la pasada semana la empresa decidiese no solicitar la prórroga de la vida útil de la planta hasta el año 2016.
Estas son las 2 principales conclusiones del encuentro solicitado la pasada semana por la Junta, cuyo responsable económico aprovechó para trasladar su “sorpresa sincera” y su “decepción” -Villanueva prefirió descartar la palabra traición- ante la decisión final de Nuclenor de no solicitar la prórroga ya que, según defendió, la empresa había trasladado siempre al Gobierno autonómico su “voluntad” e “interés” por hacer efectiva esa posibilidad de continuidad, máxime cuando el cambio en la regulación de la energía “se sabía desde hace mucho tiempo”.
Decisión “incomprensible”
A su juicio, y así se lo trasladó a los directivos de Nuclenor, la empresa debería haber solicitado en tiempo esa prórroga de la vida útil de Garoña, como establecía el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ya que dispondría de “otros mecanismos” después para desistir de esa posibilidad que obliga a los propietarios (Iberdrola y Endesa) a realizar inversiones por 120 millones de euros, muy lejos, en su opinión, del lucro cesante que en su día reclamó la propia compañía por el cese de la actividad.
Tras expresar su “respeto” por la “decisión incomprensible” adoptada finalmente por Nuclenor, Villanueva aseguró no entender los motivos de la empresa para no pedir en tiempo esa prórroga al apelar a una “supuesta incertidumbre” en el marco regulatorio y aclaró que los directivos le han asegurado en este encuentro que en su decisión no ha tenido nada que ver un posible tributo autonómico a este tipo de energía, “entre otras cosas porque la Junta nunca ha pensado en este tributo en las actuales circunstancias de terminación de su actividad en el año 2013”, argumentó.
Europa Press / Castilla y León Económica
