La reordenación sanitaria permitirá ahorrar 50 millones en 2013 en Castilla y León

El consejero asegura que no conllevará merma alguna de los servicios que hasta ahora se prestan
Antonio María Sáez Aguado y José Antonio de Santiago-Juárez.
De izquierda a derecha, Antonio María Sáez Aguado y José Antonio de Santiago-Juárez, consejeros de Sanidad y de Presidencia de la Junta, respectivamente.

La reordenación de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria en Castilla y León, merced al decreto ley aprobado este jueves y que entrará en vigor el viernes o el lunes una vez sea publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl), se traducirá en 2013 en un ahorro cercano a 50 millones de euros, tal y como aseguró Antonio María Sáez Aguado, consejero del ramo, quien justificó tal medida no sólo en la necesidad de contener el gasto sino, al mismo tiempo, configurar un sistema más “flexible, eficiente y sostenible”.

El referido decreto ley, capítulo más importante de los aprobados hoy en el Consejo de Gobierno, introduce una serie de modificaciones en la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad y se enmarca en el Plan Económico-Financiero 2012-14 que persigue la reducción del déficit y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales.

En este sentido, Sáez Aguado fue categórico al advertir que las modificaciones aprobadas para facilitar la ordenación del sistema, así como otras en materia de recursos humanos, no tendrán consecuencias en los servicios que hasta la fecha se prestan, pues, tal y como precisó, “se mantienen el número de zonas básicas de salud, los equipos de Atención Primaria y los servicios de área”, mientras que en algunas de estas zonas básicas “se eliminan ciertas rigideces”, lo que implicará el traslado de profesionales de unas a otras.

Jubilación

El decreto ley también modifica distintas normas que regulan la jubilación de los trabajadores de la Junta. Hasta ahora la prolongación del servicio activo más allá de la edad legal y hasta los 70 años como máximo era prácticamente automática si así lo deseaba el empleado público.

Ahora, la decisión queda en manos de la Administración autonómica, que estudiará cada caso y resolverá atendiendo a 3 criterios: aptitud para el cumplimiento de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo; conducta profesional, rendimiento o consecución de objetivos; y razones organizativas y de racionalización de los recursos humanos. 

Europa Press / Castilla y León Económica

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Información sobre la protección de datos:
· Responsable de los datos: Ediciones La Meseta, S.L.
· Finalidad: Enviar un comentario
· Derechos: Tienes derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos, así como otros derechos como es explica en la política de privacidad.
· Información adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre la protección de datos aquí.

Noticias relacionadas

Ir al contenido