Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que las novedades fiscales recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 aprobado esta semana serán insuficientes para alcanzar el objetivo de déficit previsto para 2013.
Al respecto, el colectivo aplaude la aprobación de un gravamen del 20% sobre los premios de Loterías superiores a 2.500 euros, inexistente hasta ahora; así como la recuperación del régimen de tributación anterior a 2007 para las plusvalías a corto plazo “para evitar la especulación”, aunque echa en falta “una mayor progresividad”.
Aspectos mejorables
Gestha también valora la prórroga del Impuesto de Patrimonio, aunque aboga por triplicar los tipos actuales del tributo e incorporar una exención a la titularidad de Deuda Pública. Asimismo, reclama que la Comunidad de Madrid elimine la bonificación autonómica del 100% del Impuesto de Patrimonio y exija los 323 millones a las grandes fortunas, con los que aumentará la previsión del Gobierno de recaudar 700 millones de euros en 2013.
Por otro lado, los expertos ven oportuno establecer un límite a la deducción por amortización para grandes empresas, “una medida que anticipa los impuestos que pagan las grandes empresas, pero que, sin duda, contribuirá a controlar el déficit público en 2013”. Los técnicos reclaman que, en paralelo, aumente la carga fiscal para las 5.800 mayores sociedades del país para evitar el efecto boomerang de impuestos anticipados en 2013 que dejan de pagarse en la declaración anual que presentarán en 2014.
Además, Gestha advierte que la actualización de balances pagando sólo el 5% del aumento de valor fiscal de los activos es una medida para “hacer caja” en 2013, aunque “puede volverse en contra del Tesoro si existe una venta posterior de esos activos actualizados al perder recaudación por el 25% de la plusvalía contable obtenida”.
Grandes olvidos
Finalmente, el colectivo echa en falta la incorporación de nuevas medidas de fiscalidad medioambiental, así como un tributo que grave las transacciones financieras para reducir la especulación. También queda pendiente “adoptar las medidas necesarias para evitar la externalización de auditorías de entes públicos a empresas privadas, lo que supone una infrautilización de la Intervención General del Estado (IGAE) y un gasto innecesario para la Administración Pública”, concluye.
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