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Castilla y León decrecerá un 1,5% en 2012, con una destrucción de empleo del 3% hasta una tasa de paro del 18,6%

El techo de gasto no financiero para 2012 se situará en 9.108 millones de euros, un 6,16% menos
PicayDelOlmo
De izquierda a derecha, José Antonio de Santiago-Juárez y Pilar del Olmo, consejeros de la Presidencia y de Hacienda de la Junta.

Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de la Junta, cifró en un 1,5% el decrecimiento previsto para Castilla y León en 2012, ligeramente menos que la media española (donde se prevé un retroceso del 1,7%). Al término del Consejo de Gobierno, la responsable de las cuentas regionales calculó una destrucción de empleo cercana al 3%, lo que situará la tasa de paro en el 18,6%.

“El comportamiento va a ser malo pero ligeramente menor que el de la media española”, precisó Del Olmo, quien reconoció que Castilla y León no será ajena al comportamiento de la economía española en esta situación de crisis, aunque “parte de una situación mejor”.

Por sectores, la consejera de Hacienda detalló que se prevé una “contracción” en industria, que la “pesimista” previsión para agricultura y ganadería se debe a que la estimación se realizó en época de sequía, y que se espera una caída en servicios como consecuencia de la bajada del “mercado de consumo”.

Techo de gasto

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó, por primera vez, un techo de gasto no financiero para la Junta, establecido en 9.108,3 millones de euros en 2012, 598 millones menos que el previsto el ejercicio anterior (6,2% menos). Con ello “el Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, a la que le obligan la Constitución Española y la UE”, explican fuentes de la Administración.

El límite de gasto no financiero se ha calculado como la suma de los ingresos no financieros, que ascienden a 8.312,8 millones de euros, y el objetivo de déficit público para 2012, que se sitúa en el 1,5% del PIB regional y equivale a 856,3 millones. A la cifra resultante se le han descontado los correspondientes ajustes de la Contabilidad Nacional, por importe de 60,8 millones de euros.

En la práctica, la decisión tomada este jueves implica adaptar la actividad pública a “lo que razonablemente permita el ciclo económico”, de modo que en períodos de declive como el actual no se pueda incurrir en un endeudamiento ilimitado. En coherencia con esto, el superávit que se genere en los momentos de bonanza irá a parar a un Fondo de Reserva dirigido a amortizar deuda. “Lo que se pretende en ambos casos es reforzar la solvencia de la región, que es la sexta autonomía más saneada del país, con un endeudamiento equivalente al 9,4% del PIB, muy por debajo de la media del 13,1%”, concluyen fuentes del Ejecutivo autonómico.

Europa Press / Castilla y León Económica

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