La Junta de Castilla y León afirmó estar estudiando los márgenes de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de la región sobre la asunción de las competencias del Duero e incide en que la Administración autonómica quiere “tener protagonismo” en las decisiones que se adopten sobre el río. José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno regional, reconoció que todavía no conoce en profundidad el fallo judicial, pero avanzó algunas posibles alternativas, como una gestión compartida o una encomienda de gestión.
El portavoz de la Administración regional señaló que la gestión del Duero es una “cuestión de comunidad” y una aspiración compartida “por todos” en Castilla y León, por lo que la sentencia del Constitucional supone una “decepción colectiva y compartida”. Así, insistió en que el equipo de Gobierno dirigido por Juan Vicente Herrera se siente “orgulloso” de haber reclamado las competencias que figuraban en la norma básica autonómica. En este sentido, recordó que la reforma del Estatuto de Autonomía fue “apoyada por todos” y aprobada en el año 2007 por los 3 parlamentos -Cortes de Castilla y León, Congreso de los Diputados y Senado- de forma ejemplar, ya que como citó contó con la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, en su puesta en consideración y fue “la única norma estatutaria” que salió del Senado directamente sin tener que volver al Congreso para su aprobación definitiva.
De esta manera, la Junta “no se arrepiente” de haber “forzado la negociación” de las transferencias del Duero porque contó también con el apoyo de los agentes económicos y sociales y organizaciones agrarias -CC OO, UGT, Cecale, UPA, Asaja, Coag, Urcacyl y los regantes-, que firmaron un documento dirigido al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para que se agilizasen los trámites para hacer efectivas las competencias.
Anulación por unanimidad
De Santiago-Juárez compareció horas después de que el Pleno del TC resolviera, por unanimidad, declarar inconstitucional el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el que se plantea que la Comunidad Autónoma asuma las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de la cuenca del río Duero. Se resolvía así un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en marzo de 2008 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, bajo el argumento de su presidente Guillermo Fernández Vara de que había que mantener la “coherencia” con respecto a las actuaciones emprendidas contra el Estatuto de Andalucía en relación a la Cuenca del Guadalquivir.
En el caso del Estatuto de Castilla y León, el Gobierno extremeño consideró que en el artículo 75.4 se recoge como “competencia exclusiva” la gestión de las aguas y la cuenca, lo que podría afectar a los municipios cacereños de Robledillo de Gata y Descargamaría
El Constitucional ahora declara la inconstitucionalidad y nulidad del articulo 75.1 en el que textualmente se dice: “Dada la relevancia que la cuenca del Duero tiene como elemento configurador del territorio de Castilla y León, la comunidad autónoma asumirá competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad autónoma”.
Europa Press / Castilla y León Económica
